El Gobierno planea reutilizar armas decomisadas: incluirá una nueva categoría en la Ley 25.938

El Gobierno nacional ultima los detalles de un decreto que permitirá a las fuerzas de seguridad reutilizar armas decomisadas. La iniciativa, impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuenta con el aval de la mesa técnica de Javier Milei y se espera que sea publicada en el Boletín Oficial durante los primeros días de enero.
El proyecto introduce modificaciones en la reglamentación de la Ley 25.938 del Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Secuestrados, vigente desde 2005. Actualmente, el decreto 531/2005 establece que las armas incautadas deben ser destruidas una vez concluido el proceso judicial correspondiente, bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Este organismo tiene cerca de 100.000 armas almacenadas a la espera de decisiones judiciales.
La nueva normativa incluirá una tercera categoría que habilitará la reutilización de armas siempre que estén en buen estado y coincidan con los modelos en uso por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, aún no se ha definido cómo será la redistribución de estas armas entre organismos como Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
En la Casa Rosada reconocen que muchas de las armas decomisadas no son funcionales, pero destacan que suelen incautarse pistolas de nueve milímetros, el modelo más utilizado por las fuerzas. “Hoy solo existen las categorías de depósito transitorio y destrucción directa. Queremos reutilizar las armas en buen estado, muchas de las cuales terminan siendo destruidas aunque nunca hayan sido utilizadas”, señaló un funcionario.
El decreto forma parte de una serie de cambios en el Ministerio de Seguridad, que pasará a llamarse “Ministerio de Seguridad Nacional”. Este proceso incluye la incorporación de atribuciones de las carteras de Defensa y Justicia, así como la preparación de una Ley de Seguridad Nacional que será enviada al Congreso en marzo.
La nueva ley otorgará mayores poderes a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a las Fuerzas Armadas, incluyendo la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. Este órgano estratégico estará compuesto por el presidente, los ministros de Seguridad, Defensa y Relaciones Exteriores, el titular de la SIDE y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Entre las disposiciones más destacadas, se busca habilitar a los militares a derribar avionetas que violen el espacio aéreo argentino y a combatir carteles de narcotráfico que representen amenazas directas. Estas medidas forman parte de la estrategia del Gobierno para reforzar la seguridad y la defensa nacional.