Concejo de Concordia aprobó un pedido de informe sobre compras municipales tras intenso debate cruzado por denuncias provinciales

En su decimocuarta sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de Concordia aprobó por unanimidad un pedido de informe presentado por el bloque justicialista, que apunta a esclarecer contrataciones realizadas por el municipio en el marco de la asistencia a comedores barriales. Durante el debate, se generaron fuertes cruces entre ediles por el vínculo que algunos sectores intentaron establecer con el escándalo provincial sobre desvío de fondos en comedores escolares.

La presidenta del Concejo, Magdalena Reta de Urquiza, remarcó que el expediente se refiere exclusivamente a compras hechas por la Municipalidad y pidió no mezclarlo con los hechos investigados a nivel provincial. “La discusión debe centrarse en las contrataciones municipales que están publicadas en la página de Transparencia. No hay nada que esconder”, afirmó.

Desde el bloque “Más para Entre Ríos”, la concejala Carolina Amiano sostuvo que el intendente Francisco Azcué “debería ordenar una auditoría inmediata”, citando inconsistencias entre declaraciones públicas y los registros oficiales. También vinculó el tema a la situación provincial que involucra a una funcionaria acusada de recibir dinero de un proveedor, con un presunto desvío de más de $100 millones.

En sintonía, el edil Guillermo Satalía Méndez criticó las condiciones actuales de los comedores barriales al asegurar que “pasamos de entregar carne a dar carcasa de pollo”. Además, apuntó al subsecretario de Desarrollo Humano municipal, Roberto Niez, por brindar “explicaciones poco claras” y denunció múltiples contrataciones en un mismo día, lo que —según dijo— no se ajusta a la normativa.

Por el lado del oficialismo, Felipe Sastre (PRO – Juntos por Entre Ríos) desvió el foco hacia los medios de comunicación, cuestionando especialmente al portal Diario Junio, al que calificó como “un órgano del Partido Justicialista que inventa información para operar contra la gestión”. Dijo que la Municipalidad no está involucrada en ninguna causa judicial por comedores escolares y pidió no mezclar la discusión. También desmintió que existiera una auditoría en Inspección General, como publicaron algunos medios, aclarando que sólo se trató de un arqueo de caja.

La concejala Claudia Villalba insistió en que el objetivo del pedido de informes es “aclarar diferencias entre los montos declarados y los que figuran en el portal oficial”, mencionando una compra directa por 280 millones de pesos a una misma empresa.

Desde el oficialismo, Silvina Ovelar respaldó el pedido, pero aclaró que “Municipio y Provincia no tienen vínculo directo en la gestión de los comedores escolares”. Apoyó la auditoría en el plano provincial y pidió que la Justicia avance si se comprueba la existencia de corrupción.

Finalmente, Mauricio Rey desmintió publicaciones de El Entre Ríos sobre una supuesta auditoría en Inspección General y pidió responsabilidad en el manejo de la información.

La sesión concluyó con la aprobación unánime del pedido de informes, aunque quedó expuesta la creciente tensión entre bloques y los cuestionamientos cruzados entre funcionarios y medios de comunicación. Fuente: El Entre Ríos.