Desafiando la Acusación: Defensores Argumentan la Legalidad en las Compras de GNC y Advierten a la Fiscalía
Los abogados defensores, la Dra. María de los Ángeles Petit y el Dr. Matías Llados, representando a ex funcionarios y empleados bajo investigación por la Fiscalía de Concordia debido a las compras de Gas Natural Comprimido (GNC), han emitido una dura advertencia contra la gestión de Francisco Azcué y la Fiscalía. Su defensa se centra en la legalidad de las siete adquisiciones de GNC y critican la actuación del Coordinador de Fiscales, Dr. José Costa, por lo que consideran una falta de pruebas suficientes para respaldar las acusaciones.
Petit y Llados expresaron su sorpresa ante lo que consideran “liviandad” en las declaraciones públicas de la Fiscalía sobre una investigación en curso que, según ellos, carece de elementos que apunten hacia un delito. Criticaron la divulgación de datos personales de personas no imputadas, insinuando acciones legales por daños y perjuicios.
Los abogados también cuestionaron el origen político de la denuncia, atribuyéndola al espectro político oficialista de la gestión actual, incluyendo concejales, el intendente Azcué y el jefe de gabinete Eduardo Caminal. Consideran que la denuncia tiene más implicaciones políticas que jurídicas y enfatizan la necesidad de acompañar toda la prueba disponible, no solo hechos aislados.
En cuanto a las compras de GNC, afirmaron que están en total conformidad con la Ordenanza de Compras y pasaron por todos los controles internos del Municipio. Petit resaltó la importancia de estos controles y criticó la visión de los denunciantes sobre el procedimiento de compras municipales.
Los abogados hicieron hincapié en la parcialidad de la denuncia, ya que solo se acompañan las compras sin las rendiciones de los vales de entrega, que según ellos, están disponibles en la documentación de la Secretaría de Obras Públicas y de Servicios Públicos. Advirtieron sobre posibles acciones legales si se descubre ocultamiento de información por parte de las autoridades municipales.
Finalmente, reiteraron sus cuestionamientos al Ministerio Público Fiscal, señalando la gravedad institucional de divulgar nombres de personas bajo investigación sin pruebas suficientes y basando operativos solo en la palabra de los denunciantes. Argumentaron una supuesta connotación política tanto en la denuncia como en la investigación.
Fuente: El Entre Ríos
