Senadores y diputados, contra las cuerdas: Exigen transparencia en contratos y subsidios vía Amparo

Un llamativo silencio de más de dos meses colmó la paciencia de un grupo de ciudadanos, desembocando en una judicialización del pedido de acceso a la información pública. La historia comienza el 24 de mayo de 2024, cuando miembros de la ONG Entre Ríos Sin Corrupción presentaron solicitudes formales a las cámaras de senadores y diputados, requiriendo detalles sobre la contratación de personal y la asignación de subsidios. Desde entonces, hasta el viernes 26 de julio, ninguna de las cámaras respondió.

La falta de respuesta, a pesar de precedentes preocupantes como la “Causa Contratos” o el “Caso Chocolate”, llevó a la ONG a resolver el conflicto en la Justicia, presentando amparos que serán resueltos por la jueza Marcela Cottet y el juez Gervasio Pablo Labriola.

En un documento de 14 páginas, los ciudadanos argumentan que la falta de respuestas “ha cercenado nuestro derecho constitucional de acceso a la información pública”, solicitando que se ordene a ambas cámaras proporcionar la información requerida y publicarla para que toda la ciudadanía pueda acceder a ella. Entre los datos solicitados se incluyen copias de resoluciones administrativas, detalles de contratistas, y listados completos de personal y beneficiarios de subsidios desde 2022.

La ONG enfatiza que la información solicitada no es sensible ni privada, y que el conocimiento y control ciudadano es crucial para la transparencia y la lucha contra la corrupción. Resaltan que otros organismos públicos ya publican información similar sin afectar el buen nombre de las personas.

El documento advierte que la negativa a proporcionar la información podría generar responsabilidad estatal, afectando la transparencia y, en última instancia, la democracia. Además, se refiere a jurisprudencia que respalda el deber de informar sobre contrataciones de personal, destacando un precedente del STJER relativo a sueldos y viáticos de funcionarios de una empresa estatal.

Este reclamo ciudadano refleja una demanda creciente por mayor transparencia y acceso a la información pública, esencial para una democracia robusta y una administración libre de corrupción.

FUENTE EL ENTRE RIOS

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