Tras la decisión de la Nación de otorgar a la minera Vicuña prioridad sobre la capacidad remanente de la línea eléctrica de 500 kV por 25 años, crece el rechazo en San Juan. Ayer, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) expresó su desacuerdo, y ahora intendentes y empresas del sector preparan recursos legales para frenar la medida.
El primer pronunciamiento en contra fue del EPRE, que cuestionó la resolución del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y pidió que se discuta en una audiencia pública en San Juan. A este reclamo se suman intendentes y empresas mineras competidoras, quienes consideran que se trata de un “avasallamiento” sobre una infraestructura financiada con fondos provinciales y aportes de los usuarios.
Municipios en pie de guerra
El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, calificó la resolución del ENRE como un golpe al desarrollo del norte provincial. “Lo tomamos como un avasallamiento hacia nuestro lugar”, afirmó este jueves en Radio Sarmiento, advirtiendo que la decisión pone en riesgo inversiones millonarias ya aprobadas y el suministro futuro de las poblaciones locales. Bajo el nuevo esquema, cualquier obra que requiera la línea deberá contar con la autorización de Vicuña.
Carbajal confirmó que su municipio prepara un recurso de amparo y una medida cautelar de “no innovar”, que será presentada a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD) antes de que finalicen los plazos legales. La Municipalidad de Iglesia también evalúa medidas similares, mientras el departamento de Jáchal aún no emitió una respuesta oficial.
El frente minero
El conflicto ha generado tensiones dentro del sector minero sanjuanino. Proyectos de gran escala como Los Azules o El Pachón podrían verse afectados si el 90% de la capacidad de la línea queda bajo el control de Vicuña, lo que algunos califican como un “monopolio” de infraestructura eléctrica.
Fuentes del sector indicaron que altos ejecutivos de Vicuña intentaron dialogar con competidores para frenar las presentaciones legales, sin éxito. Las empresas sostienen que, bajo el nuevo esquema, deberían “pedir permiso” a su competidor para acceder a la energía necesaria, violando principios de libre acceso. Glencore, operadora de El Pachón, aún analiza si presentará objeciones o construirá su propia línea desde Mendoza para reducir costos.
Defensa de la línea de 500 kV
El eje central del reclamo es que la línea, que va desde la estación Nueva San Juan hasta Rodeo, fue construida con fondos provinciales y aportes de los usuarios. Carbajal recordó que existen alternativas técnicas que Vicuña podría haber explorado sin afectar el sistema local, como una línea binacional desde proyectos en Chile, similar al modelo de Veladero. “No entendemos por qué se avasalla la línea de 500 cuando se puede utilizar otra infraestructura”, cuestionó.
Plazos legales y consecuencias
La resolución 079/26 del ENRE es vista como una amenaza a la seguridad del suministro. Calingasta ya ha sufrido cientos de microcortes desde diciembre y teme que la medida agrave la situación. Con apoyo de legisladores provinciales y nacionales, los actores afectados buscarán que el tema se discuta en audiencia pública en San Juan, respetando la jurisdicción del EPRE.
La diputada nacional Nancy Picón aseguró que defenderá los intereses de los sanjuaninos junto al gobernador Orrego. Por su parte, el fiscal de Estado Sebastián Dávila señaló: “Siempre representamos al EPRE, pero hasta el momento no se han comunicado con nosotros”.
El tiempo corre: los equipos legales trabajan contrarreloj para presentar las objeciones antes de que venzan los plazos, en lo que promete ser una batalla judicial clave para el mapa energético y minero de la provincia.
Fuente: tiempodesanjuan
