El Gobierno nacional autorizó a nueve provincias a hacerse cargo de la gestión y el mantenimiento de tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios, con el objetivo de descentralizar las tareas operativas y mejorar la infraestructura vial.
La medida, establecida a través del Decreto 253/2026 publicado en el Boletín Oficial, permite que las provincias otorguen concesiones de obra pública —incluyendo el cobro de peaje— a empresas privadas, mixtas o entes públicos.
Las provincias alcanzadas son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.
Según se informó, esta delegación será temporal, limitada y revocable, y no implica la transferencia de propiedad: el Estado nacional continuará siendo el titular de las rutas y mantendrá la jurisdicción sobre los tramos involucrados. Además, los contratos que se firmen tendrán un plazo máximo de hasta 30 años.
Para avanzar, cada provincia deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se definirán los tramos a intervenir y los planes de obra. También se deberán garantizar procesos transparentes, con competencia entre oferentes y tarifas razonables.
El decreto establece que si una provincia no realiza el llamado a licitación dentro del plazo de un año, perderá la delegación sobre ese tramo. Por su parte, el Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y Vialidad Nacional se encargará de supervisar los contratos.
