Rutas argentinas: peajes de 4200 pesos cada 100 km, obras bajo concesión privada y menor rol estatal en mantenimiento vial
El Estado Nacional administra unos 40.000 kilómetros de rutas en Argentina, de los cuales aproximadamente 10.000 concentran el 80% del tránsito. Esta porción “rentable” será entregada al sector privado bajo un nuevo esquema de concesiones viales. Para el resto de las rutas, el mantenimiento quedará a cargo de proveedores contratados, eliminando tareas tradicionales de Vialidad Nacional como el corte de pasto o el arreglo rutinario del asfalto.
La clave del modelo está en que la empresa concesionaria deberá mantener la ruta en condiciones de transitabilidad para poder cobrar peaje. Según los borradores de licitación, el costo será de 4200 pesos cada 100 kilómetros para automóviles, multiplicándose por siete para camiones de gran porte, y con tarifas intermedias para otros vehículos.
Las concesiones contarán con una fórmula automática de actualización tarifaria, lo que implica que el Estado solo controlará que los cálculos sean correctos, sin necesidad de aprobar cada ajuste. Este sistema comenzará a implementarse el 8 de septiembre con la apertura de ofertas para la Ruta del MerCoSur, que incluye tramos en Mesopotamia y puentes estratégicos como Zárate Brazo Largo y Rosario-Victoria.
Desde Nación afirman que el sistema está abierto para que las provincias soliciten la administración y explotación de rutas, aunque hasta ahora han recibido pocas propuestas. Sin embargo, la transferencia a las provincias requiere autorización del Congreso y, en caso de hacerse, la gestión deberá mantenerse en manos públicas, sin concesión a privados.
Otra novedad es que ya no será requisito ser empresa constructora para administrar una concesión vial. Así, cualquier compañía, o incluso modelos productivos regionales, podrán licitar para explotar rutas necesarias para su actividad.
El impulso a estas reformas proviene del presidente Javier Milei y su ministro Federico Sturzenegger, con el objetivo de romper con el tradicional “club de la obra pública” y avanzar hacia una desregulación que elimine el monopolio de las constructoras, reemplazando el Registro Nacional de Constructores por un nuevo Sistema de Información de Cocontratantes.
Si las empresas concesionarias incumplen con las obras, el Estado podrá revertir la concesión y activar un seguro de caución que deberán contratar las empresas. Además, se mantendrá vigente el Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), que funcionará como respaldo ante eventuales congelamientos de tarifas, a pesar de que el FMI había planteado su eliminación.
Así, mientras avanza la campaña para mejorar la infraestructura vial, las licitaciones para concesionar cerca de 10.000 kilómetros de rutas con peajes están por comenzar. Queda por verse si las empresas estarán dispuestas a invertir en un negocio que durante décadas no logró revertir el deterioro y la inseguridad de las rutas argentinas.
Fuente Chajari al Dia
