El pedido había sido rechazado en 2023. La Cámara Federal intervino al advertir que la investigación permanecía delegada desde hacía once años.
La causa por la presunta contaminación del río Paraná registró un nuevo avance luego de que la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario hiciera lugar al pedido formulado por la fiscalía en 2023 para citar a declaración indagatoria a directivos de la empresa agroquímica Atanor S.A. y a funcionarios provinciales por su presunta responsabilidad en los hechos investigados.
El expediente se inició en 2014 a partir de una denuncia presentada por vecinos de San Nicolás de los Arroyos, quienes solicitaron que se investigara a la firma por posibles delitos contra la salud pública que habrían afectado a los habitantes de los barrios Química y Ponce de León.
Según los denunciantes, la planta local de Atanor —dedicada a la elaboración de productos para la protección de cultivos— generaba escapes de gas, vertía efluentes contaminantes al río Paraná, instalaba caños clandestinos y enterraba residuos tóxicos en las barrancas del curso de agua, que posteriormente eran regadas con líquidos contaminados.
Tras diversas instancias judiciales desarrolladas entre 2022 y 2023, la Cámara Federal hizo lugar a los planteos del fiscal federal Matías Di Lello, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, y de la querella que representa a los vecinos damnificados.
La solicitud presentada en mayo de 2023 alcanzó a seis directivos de Atanor, cinco funcionarios del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y tres expresidentes de la Autoridad del Agua.
El fiscal sostuvo que los responsables de la empresa habrían contaminado, al menos hasta el 16 de julio de 2020, el río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire mediante el vuelco de efluentes y la dispersión de partículas que contenían residuos peligrosos.
Asimismo, atribuyó a los funcionarios del organismo ambiental provincial el incumplimiento de sus deberes de fiscalización y control, al considerar que omitieron actuar para prevenir y sancionar actividades contaminantes que afectaban el ambiente y los recursos naturales.
En cuanto a las autoridades de la Autoridad del Agua, Di Lello les imputó no haber cumplido con las obligaciones establecidas en el Código de Aguas bonaerense, especialmente en lo referido a la supervisión y vigilancia de actividades vinculadas al uso y preservación del recurso hídrico.
El 2 de octubre de 2023, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo resolvió no avanzar con las citaciones hasta que el tribunal de alzada se pronunciara sobre las impugnaciones pendientes.
Sin embargo, la jueza Silvina María Andalaf Casiello, con la adhesión del resto de los integrantes de la Sala B, entendió que correspondía hacer lugar a las apelaciones y ordenar la convocatoria a declaración indagatoria de los imputados.
La magistrada destacó además que la instrucción de la causa permanece delegada desde hace once años y que el juez a cargo nunca la reasumió, circunstancia que resultó determinante para la intervención de la Cámara.
En su resolución, sostuvo que los reiterados pedidos de indagatoria habían sido postergados o rechazados en distintas oportunidades y consideró que existían elementos suficientes para avanzar con esa etapa procesal.
Durante la investigación se realizaron diversos estudios químicos que detectaron la presencia de atrazina en muestras de agua y de cipermetrina y trifluralina en muestras de suelo, sustancias incluidas dentro de los residuos contemplados por la Ley Nacional N.º 24.051 de Residuos Peligrosos.
Con base en esas pruebas, el fiscal insistió en la necesidad de avanzar con las indagatorias. En uno de sus planteos sostuvo que el abundante material probatorio reunido permitía acreditar tanto la existencia de los hechos investigados como las eventuales responsabilidades de los imputados.
La explosión en la planta de Atanor
En marzo de 2024, la empresa volvió a quedar en el centro de la escena tras registrarse una serie de explosiones durante la madrugada en su planta de San Nicolás.
Según informó la propia compañía, el incidente se produjo a raíz de un incremento de presión durante el proceso de síntesis química de atrazina, lo que provocó la ruptura de la tapa de un reactor y derivó en un incendio en el sector de aminación.
El fuego obligó a la intervención de dotaciones de bomberos de San Nicolás y Ramallo, que lograron controlar el siniestro.
Vecinos de la zona denunciaron que la emanación de gases generó dificultades respiratorias, irritación en los ojos y preocupación por posibles efectos sobre la salud. Como consecuencia de la liberación de presión y del posterior incendio, se produjo una importante emisión de gases del proceso productivo y de combustión, lo que motivó advertencias por posibles riesgos de intoxicación.
Fuente: Infobae
