El oficialismo negocia contrarreloj en el Senado una reforma para flexibilizar la protección ambiental y habilitar proyectos mineros, en un debate que se define voto a voto y que también tiene su correlato en la calle. En ese marco, se registraron incidentes y denuncias por agresiones y detenciones de periodistas durante una protesta en las inmediaciones del Congreso.
Activistas de Greenpeace Argentina realizaron este jueves por la mañana una sorpresiva intervención contra los cambios impulsados por el gobierno de Javier Milei a la ley de glaciares. Los manifestantes lograron atravesar el perímetro de seguridad y escalar las rejas del Congreso de la Nación Argentina, donde desplegaron carteles con consignas en rechazo a la reforma.
La respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata: montaron un operativo cerrojo para controlar la situación y desalojar la zona federal. En medio del procedimiento se produjeron forcejeos y escenas de tensión. Según se informó al aire en el canal A24, un camarógrafo fue detenido mientras cubría los hechos.
La protesta se intensificó cuando algunos activistas intentaron encadenarse y colgar una bandera de gran tamaño con la consigna “Los glaciares no se tocan” en la fachada del edificio. El operativo policial terminó con varios manifestantes reducidos en el suelo y trasladados a dependencias policiales, acusados de resistencia a la autoridad e infracción a la seguridad pública, de acuerdo a fuentes oficiales.
Desde la organización ambientalista denunciaron que el accionar fue desmedido y calificaron lo ocurrido como una “represión a una protesta pacífica” destinada a alertar sobre los riesgos de la reforma. Sostienen que las modificaciones propuestas podrían habilitar la actividad minera en áreas actualmente protegidas y afectar zonas periglaciares consideradas reservas estratégicas de agua dulce.
El conflicto en la vía pública refleja la fuerte disputa política y técnica que se desarrolla en el Senado. Mientras el oficialismo busca asegurar los votos necesarios para aprobar los cambios, gobernadores de provincias cordilleranas respaldan la iniciativa al considerar que permitiría destrabar inversiones millonarias. Del otro lado, organizaciones ambientales advierten sobre el impacto en ecosistemas frágiles y cuestionan que el desarrollo económico se priorice por sobre la protección de los recursos naturales.
Así, en paralelo a la negociación parlamentaria, la tensión social crece en torno a una reforma que divide posiciones y cuyo desenlace marcará el futuro de la normativa ambiental.
