Privatización energética: crece la preocupación en Entre Ríos por el avance del gobierno sobre Transener, Salto Grande y Enersa
El Gobierno Nacional avanza en la privatización de Transener, la principal operadora de las líneas de alta tensión del país, y la medida genera fuertes inquietudes en Entre Ríos. La decisión no solo afecta a la empresa estatal provincial Enersa, sino que también pone en riesgo ingresos claves por regalías hidroeléctricas provenientes de la represa de Salto Grande.
La venta del 26,32% de las acciones que el Estado nacional posee en Transener —a través de Enarsa en la sociedad Citelec— deja el control total de la empresa en manos privadas, como el grupo Pampa Energía, liderado por Marcelo Mindlin. Aunque el Ejecutivo la presenta como una medida para “achicar el Estado”, sus consecuencias podrían impactar profundamente en el sistema energético entrerriano.
Desde Concordia, la energía de Salto Grande se inyecta al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante líneas operadas por Transener. Si el nuevo operador privado cambia criterios de mantenimiento, inversión o despacho, podría subutilizarse la generación de la represa, afectando directamente el cálculo de regalías que percibe la provincia.
En 2023, Entre Ríos recibió más de $5.200 millones por regalías hidroeléctricas. La ley establece que estos pagos dependen de la energía efectivamente entregada al sistema, no solo de su capacidad instalada. Cualquier reconfiguración en las prioridades de despacho puede representar una pérdida directa de ingresos fiscales.
Además, Enersa —encargada de la distribución eléctrica en la provincia— depende casi totalmente de la energía transportada por Transener. Si cambian las condiciones tarifarias o técnicas impuestas por el nuevo operador, el costo podría trasladarse a los usuarios entrerrianos, ya sean residenciales, comerciales o industriales.
La provincia tampoco cuenta con capacidad de negociación directa ante decisiones de transporte eléctrico, y la pérdida del actor estatal en Transener reduce aún más su poder de incidencia en un sistema que ya mostraba escasa representación federal.
Aunque el gobierno estima que la venta de Transener aportará entre 150 y 200 millones de dólares, los costos para Entre Ríos podrían ser mucho mayores: menos autonomía en políticas energéticas, más presión tarifaria y una merma en los ingresos provinciales.
A esto se suma que la ANSES aún mantiene un 19,57% de las acciones de Transener, y no se descarta que también sean puestas en venta. Si eso ocurre, el retiro del Estado nacional sería total.
La medida forma parte de un plan de privatizaciones que ya alcanzó a empresas como AySA e IMPSA. En todos los casos, el patrón se repite: activos estratégicos vendidos sin contemplar compensaciones ni participación para las provincias. Entre Ríos, pese a ser generadora neta de energía, corre el riesgo de quedar aún más supeditada a decisiones tomadas lejos de su territorio y de sus necesidades.
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