El vocal del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Eduardo López Segura, reclamó que la Justicia avance “hasta las últimas consecuencias” en la denuncia penal presentada contra el exdirector de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, y otros cinco exintegrantes de la conducción del organismo.
La presentación fue realizada por María Estrella Martínez de Yankelevich, exjefa del Departamento Despacho de ATER, quien reconoció su participación en las maniobras investigadas mediante un juicio abreviado.
Según la denuncia, las operaciones fraudulentas vinculadas con compensaciones impositivas no podrían haberse concretado únicamente con la intervención de empleados administrativos, debido a que implicaban modificaciones en cuentas tributarias, circulación de expedientes y resoluciones y utilización de claves de mayor jerarquía dentro del sistema.
López Segura sostuvo que estas acusaciones deben ser investigadas judicialmente y que no corresponde descartarlas únicamente por provenir de una persona que fue condenada en la causa.
La investigación original abarcó maniobras realizadas entre 2004 y 2014 y estimó un perjuicio de aproximadamente 46 millones de pesos a valores nominales de aquellos años.
Además, la nueva denuncia solicita que se analice la evolución patrimonial de Casaretto, de otros exdirectivos y de personas que podrían estar vinculadas con las maniobras, con el objetivo de determinar si existió un beneficio económico derivado de los hechos investigados.
López Segura aclaró que el pedido de investigación patrimonial no implica afirmar la existencia de un enriquecimiento ilegal, sino que constituye una medida de prueba solicitada dentro de una denuncia penal.
El dirigente también cuestionó que las responsabilidades puedan determinarse únicamente a partir de declaraciones públicas y reclamó que sea la Justicia la que establezca qué funcionarios conocían las maniobras, qué controles existían, quiénes podían autorizar las operaciones y si hubo responsabilidades dentro de la conducción del organismo.
“La Justicia debe investigar”, sostuvo López Segura, quien además consideró que quienes aspiran a ocupar cargos de responsabilidad pública deben brindar explicaciones sobre su gestión y responder ante cualquier cuestionamiento que sea planteado formalmente.
