La reciente decisión del Gobierno nacional de instalar nuevas cabinas de peaje en la Autovía 18 —en San Salvador, Viale y Villaguay— se suma al ya polémico peaje de Colonia Yeruá. El resultado es un esquema que, lejos de mejorar la conectividad, la encarece y la restringe.
Para quienes viven en Concordia y en localidades vecinas, ingresar a la Ruta 18 implica pagar por apenas unos pocos kilómetros de recorrido. No se trata de un peaje para tránsito de larga distancia, sino de un peaje de acceso: un cobro obligatorio para quienes necesitan utilizar la ruta en su vida cotidiana, ya sea para trabajar, estudiar o atender cuestiones de salud.
El argumento oficial es claro: financiar el mantenimiento y las obras dentro de la nueva Red Federal de Concesiones. Sin embargo, la realidad local es distinta. Los vecinos no son usuarios ocasionales de la autovía, sino ciudadanos que dependen de ella para desplazarse diariamente. Cobrarles como si fueran turistas de paso resulta, sencillamente, injusto.
En lugar de facilitar la vida de los ciudadanos, se les impone un obstáculo económico y administrativo.
La pregunta que resuena en la ciudadanía es tan simple como contundente: ¿son o se hacen? Porque detrás de cada cabina de peaje no solo hay una tarifa; hay una decisión política que impacta directamente en la integración regional. Y cuando el acceso a una ruta nacional se convierte en un privilegio pago, lo que se restringe no es solo el tránsito: es el derecho a la movilidad.
