La oposición en el Congreso reaccionó de inmediato al anuncio del Gobierno de Javier Milei sobre la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), empresa que opera Atucha I, Atucha II y Embalse. Diputados y senadores de distintos bloques, desde el kirchnerismo hasta sectores federales, impulsan proyectos y declaraciones con un objetivo común: proteger al sistema nuclear argentino y evitar la venta del 44% de las acciones de la compañía.
En la Cámara de Diputados, Gabriela Estévez presentó un proyecto para derogar el artículo de la Ley Bases que permite la privatización parcial de NA-SA. Por su parte, Miguel Ángel Pichetto cuestionó la medida durante un discurso en el recinto y solicitó citar al nuevo presidente de la compañía, Demian Reidel, mientras recordó que los gremios nucleares advirtieron que la privatización sería “regalar décadas de inversión y trabajo”.
En el Senado, José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, busca declarar al sistema nuclear como “bien público estratégico, no enajenable”, y Silvina García Larraburu presentó un proyecto que prohíbe expresamente cualquier privatización o extranjerización del sector.
Estévez señaló que la medida oficial “socava la posición internacional del país, genera desconfianza y puede provocar un vaciamiento de talento científico y tecnológico”, y advirtió que “la lógica de la rentabilidad a corto plazo no es compatible con una industria que exige planificación, inversión sostenida y control soberano”.
