Nueva Ola de Despidos en la Administración Pública: El Gobierno de Milei Reducirá 5 Mil Empleos Más

El Gobierno nacional, bajo la dirección de Javier Milei, avanza con su controvertido “plan motosierra”, programando otra ronda de despidos que afectará a al menos 5 mil empleados públicos. Estos despidos se harán efectivos este domingo, tras el vencimiento de los contratos de planta transitoria.

Los trabajadores que perderán sus empleos forman parte del grupo de 50 mil agentes públicos cuyos contratos habían sido prorrogados en marzo. Durante ese período, el Gobierno ya había ejecutado la mayor ola de despidos de la administración libertaria, eliminando aproximadamente 15 mil puestos. La medida incluyó una “auditoría permanente” que ha llevado a la revisión y eliminación de más contratos en los meses subsiguientes.

Esta nueva ola de despidos impactará mayormente a empleados de ministerios y secretarías eliminadas, como la Secretaría de Mujeres y Géneros, así como a organismos autárquicos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La política de reducción apunta a eliminar progresivamente la planta total de contratados a nivel nacional.

Desde el inicio de la gestión, el Gobierno ha despedido a 18.019 contratados, reduciendo su plantilla de 72.000 a 53.981 empleados en apenas seis meses. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ha liderado estos recortes, eliminando 4930 contratos relacionados con su ministerio, que abarca áreas como Trabajo, Educación, Cultura y Niñez y Familia. Por su parte, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ha despedido a 3195 empleados, cubriendo áreas de Transporte, Energía, Obras Públicas, Finanzas e Industria, entre otras.

La reducción ha afectado principalmente a trabajadores con contratos anuales prorrogados en diciembre y marzo, mientras que las bajas en la planta permanente han sido menos significativas. La Ley Bases, en su artículo 52, proporciona un marco normativo para la reducción de empleados de planta permanente, proponiendo su reubicación o cesión a las provincias, y ofreciendo una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio. Este artículo también permite al Ejecutivo no pagar indemnizaciones en caso de irregularidades como incumplimiento del horario, inasistencias injustificadas o abandono de tareas.