Manuel Adorni Confirma Más Despidos de Estatales: “Es Sano Revisar Cada Rincón del Estado

El vocero presidencial Manuel Adorni ha confirmado que habrá una nueva ola de despidos de trabajadores estatales a partir de finales de junio. En su habitual conferencia de prensa, Adorni señaló que “es sano que se revise cada uno de los rincones del Estado” para asegurar un funcionamiento eficiente.
Adorni explicó que esta segunda revisión afectará a las contrataciones prorrogadas entre febrero y marzo por períodos de 30 o 60 días. “Habrá una segunda revisión que tendrá efecto a partir del 30 de junio, ya lo habíamos dicho”, reiteró el portavoz.
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, el Gobierno ha implementado una serie de despidos en el sector público. A principios de abril, se confirmó que 15,000 trabajadores estatales ya habían sido despedidos, con Milei estimando que el total podría llegar a 70,000.
En varios organismos, estos despidos han resultado en cierres y reducciones drásticas de personal. El INCAA, por ejemplo, despidió a aproximadamente 300 empleados, y el INADI, dedicado a la lucha contra la discriminación, perdió a más de 100 trabajadores tras el cese de sus actividades.
Además, un memorándum interno de Trenes Argentinos (Sofse) del 18 de abril reveló un plan para el despido y retiro anticipado de
3,000 trabajadores, con un presupuesto estimado en $56,400 millones. Esta reducción se implementará en etapas, despidiendo a 1,000 empleados por mes hasta junio, lo que representa el 15% del total del personal. En el segundo semestre, se prevé el despido de otros 3,000 trabajadores.
Las formas en que se notifican estos despidos también han sido objeto de críticas. En algunos casos, los empleados son informados a través de correos electrónicos con telegramas de despido enviados durante la madrugada. En otros, se les notifica al llegar a su lugar de trabajo.
La drástica reducción del personal estatal y el cierre de varios organismos han generado un clima de incertidumbre y preocupación entre los trabajadores y la sociedad en general. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para asegurar la eficiencia y la correcta funcionalidad del Estado.