La PFA desbarató en Chubut una organización de trata de personas y rescató a siete mujeres
En un operativo encabezado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron desarticular en la provincia de Chubut a una red criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.
La investigación se había iniciado el 30 de mayo, tras una denuncia ingresada a la Línea 145 que advertía sobre la captación de mujeres para su explotación en la ciudad de Comodoro Rivadavia. El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de esa ciudad, especializada en Casos Complejos, a cargo de la fiscal general Verónica Escribano y la auxiliar fiscal Florencia Monella.
Durante las pesquisas, la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Comodoro Rivadavia de la PFA realizó tareas de vigilancia, seguimientos e investigaciones digitales en distintas plataformas de ofertas sexuales. También se dispusieron intervenciones telefónicas y el análisis de material audiovisual, lo que permitió establecer que al menos siete mujeres eran trasladadas desde Buenos Aires a Comodoro Rivadavia para ser explotadas durante períodos de entre 15 y 20 días.
Se determinó además que tres mujeres se encargaban de controlar a las víctimas mediante cámaras instaladas en las viviendas y de gestionar de forma recurrente pasajes aéreos para su traslado.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal de Garantías de Comodoro Rivadavia, a cargo de la jueza Eva Parcio de Seleme, ordenó tres allanamientos simultáneos en esa ciudad y en Merlo (provincia de Buenos Aires).
El resultado fue la detención de tres imputadas —dos argentinas de 30 y 34 años y una ciudadana dominicana de 52—, además del secuestro de 21 teléfonos celulares, una notebook, una computadora portátil, un pendrive, un posnet, más de 2,5 millones de pesos en efectivo, un pasaje de avión y otros elementos de interés.
En uno de los domicilios allanados fueron rescatadas siete mujeres. Una de ellas aceptó incorporarse al Programa Nacional de Rescate, mientras que las demás decidieron permanecer en el lugar tras recibir asistencia.
Las detenidas quedaron acusadas de infringir la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y a disposición de la justicia federal.
