Tras meses de conflicto y parálisis institucional, la Justicia laboral dio un paso clave en la interna del Sindicato Obrero de la Fruta (SOF) de Concordia. El Juzgado Nacional del Trabajo N° 2 ordenó a la autoridad laboral emitir, en un plazo de cinco días, la certificación provisoria de las autoridades electas en los comicios de enero, advirtiendo que en caso de incumplimiento se aplicarán multas de $100.000 por cada día de demora.
La resolución apunta a destrabar una situación que mantenía al gremio en un limbo: con conducción elegida, pero sin reconocimiento formal para ejercer. En las elecciones del 20 de enero de 2026, la lista “Celeste Unidad” se impuso consagrando a Domingo Alcides Camejo como secretario general para el período 2026-2030, en un proceso que no registró impugnaciones internas.
Sin embargo, la certificación oficial nunca fue otorgada. Desde el organismo nacional argumentaron “incompetencia” para intervenir, lo que derivó en una fuerte crisis institucional, con impacto directo en trabajadores, afiliados y el sector citrícola.
El fallo judicial es contundente: sostiene que la certificación es un trámite administrativo y no una decisión discrecional, por lo que su ausencia no puede frenar el funcionamiento del sindicato. En ese marco, la medida busca restablecer de forma provisoria la actividad gremial hasta que se resuelva el conflicto de fondo.
La disputa por la conducción del SOF lleva meses de tensión, con denuncias cruzadas, conflictos en la sede sindical y problemas económicos que afectaron incluso el pago de salarios y el normal funcionamiento de la obra social. Productores citrícolas, además, habían comenzado a retener aportes a la espera de una definición clara sobre la conducción legítima.
Uno de los puntos más sensibles es justamente la obra social, ya que la falta de autoridades reconocidas pone en riesgo la continuidad de prestaciones básicas de salud para los afiliados.
La decisión judicial, de carácter cautelar, no resuelve definitivamente el conflicto, pero busca evitar mayores daños y reactivar la vida institucional del gremio. Además, marca un límite a la inacción del Estado, al sostener que no puede dilatar decisiones que afectan derechos fundamentales como la libertad sindical.
Con este fallo, la conducción encabezada por Camejo vuelve a escena con respaldo judicial, mientras se espera que en los próximos días el Estado cumpla con la orden y avance en la normalización del sindicato.
FUENTE DIARIO JUNIO
