La Justicia ordena al Gobierno continuar con la entrega de alimentos
En un fallo contundente, el juez Walter Lara Correa ha ordenado al Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, continuar con los programas de entrega de alimentos en comedores y merenderos comunitarios.
La resolución judicial surge de una acción colectiva promovida por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La medida busca garantizar la continuidad de los planes alimentarios que proveen las organizaciones comunitarias, tras la denuncia de irregularidades en su distribución.
Juan Grabois, abogado de la causa y dirigente de Argentina Humana, celebró el fallo y afirmó que representa un freno a lo que describió como un “plan de miseria planificada”. Grabois destacó que la decisión judicial obliga al gobierno a restablecer de inmediato la provisión de alimentos, sin que esto afecte la auditoría de los comedores.
El dirigente subrayó la importancia de la medida cautelar para asegurar que se cumplan las partidas presupuestarias asignadas y se ejecuten los fondos del Programa de Naciones Unidas, en un contexto de creciente pobreza y empleo precario.
Casación rechaza recurso del Ministerio de Capital Humano
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso presentado por el Ministerio de Capital Humano en el marco de la causa por abuso de poder y violación de deberes de funcionario público.
La Cámara, conformada por los jueces Ángela E. Ledesma, Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar, ratificó la medida cautelar que ordena la continuidad de los programas alimentarios. Los magistrados sostuvieron que el recurso no logró rebatir los argumentos de la resolución impugnada, lo que impide su consideración.
La decisión, respaldada por la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, confirma la doble conformidad judicial del fallo y carga al Ministerio con las costas del proceso. El caso ahora regresa al juez Sebastián Casanello para su continuación.
Este conjunto de decisiones judiciales refuerza la necesidad de que el gobierno garantice el acceso a los programas alimentarios, en un contexto de creciente demanda y necesidad social.
