La Justicia Federal Anula Decreto sobre Regulación de Precios en Telecomunicaciones

En una decisión de trascendental impacto en el sector de las telecomunicaciones, la Justicia federal ha declarado la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido en 2020, que confería al Estado la potestad de regular las tarifas de servicios clave como la telefonía celular y fija, internet y TV paga. La sentencia, emanada del ámbito de lo Contencioso Administrativo Federal y a cargo de la jueza Cecilia De Negre, responde a una presentación legal realizada por la empresa Telecom Argentina, operadora de servicios de telefonía, cable e internet.

El DNU cuestionado, firmado por el presidente Alberto Fernández en agosto de 2020, clasificó a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones como servicios públicos esenciales. Esta designación, según la norma, imponía la obligación a las empresas de fijar precios “justos y razonables”, regulados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

La empresa Telecom Argentina impugnó esta medida, argumentando que, antes de la imposición del decreto, tenía la capacidad de “fijar libremente los precios”. Sosteniendo la inconstitucionalidad de la normativa, la compañía destacó las limitaciones impuestas por el control estatal bajo la clasificación de “servicio público”, que requería la aprobación estatal para cualquier aumento tarifario.

La jueza De Negre respaldó la postura de Telecom Argentina al afirmar que el DNU en cuestión realizó cambios jurídicos de naturaleza permanente. Señaló que, si bien el Poder Ejecutivo tiene la facultad constitucional de emitir decretos de necesidad y urgencia en ciertos casos, la clasificación de un servicio como público exige una “ley formal del Congreso”. La magistrada argumentó que la declaración de una actividad económica como servicio público implica un régimen especial que requiere una ley formal, técnica conocida como “publicatio”.

Además, la jueza cuestionó la falta de demostración de circunstancias excepcionales que justifiquen la emisión de un decreto por parte del Poder Ejecutivo. En su análisis, consideró que la extensión de las medidas más allá de la pandemia las hace irrazonables y destacó que la delegación de poderes al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para emitir normativas complementarias constituía una “delegación en blanco” contraria a la Constitución Nacional.

En conclusión, la anulación de este decreto otorga a las empresas de telecomunicaciones la libertad de fijar nuevamente los precios de servicios como la telefonía celular y fija, internet y TV paga, liberándolas del escrutinio estatal en esta materia. Este fallo, derivado de una demanda presentada por Telecom Argentina, marca un hito significativo en la regulación del sector y plantea importantes interrogantes sobre la relación entre el Estado y los servicios esenciales en la era de las comunicaciones.