Investigación revela fraude en pensiones: miles de beneficiarios en el extranjero
La Fiscalía solicita la baja de 3.000 pensiones de beneficiarios que no viven en el país, detectando un perjuicio económico millonario para el Estado. Según registros de la Dirección de Migraciones, estos beneficiarios se inscribieron como personas vulnerables mayores de 65 años y residen en el extranjero. El fiscal Guillermo Marijuán, a través de un oficial, ha requerido a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la suspensión de estos pagos que representan un costo mensual de $449.341.802 millones para las arcas estatales, alcanzando la cifra anual de $5.842.000.000.
El oficio enviado por Marijuán detalla el proceso de investigación, identificando la existencia de 2.954 titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que registraron salidas del país sin retorno posterior. La Ley 27.260 establece que este beneficio, vitalicio y no contributivo, está destinado a personas mayores en situación de vulnerabilidad, con la condición de mantener residencia en Argentina. Ante el incumplimiento de este requisito, la Fiscalía considera imperativo suspender estas pensiones para frenar posibles conductas delictivas.
La investigación abarca una amplia gama de casos, los cuales serán tratados en expedientes individuales. La Justicia deberá determinar responsabilidades tanto de los beneficiarios como de los funcionarios que permitieron esta situación. Este escenario revela un fraude significativo en el sistema de pensiones, generando un llamado a fortalecer los controles y la transparencia en la administración de recursos públicos.
El Once
