La Inspección General de Justicia (IGJ) dispuso supervisar los movimientos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras advertir que la entidad no presenta explicaciones completas de sus balances desde hace ocho años. Además, se señalaron presuntas irregularidades como la existencia de una sede “fantasma” en la Provincia de Buenos Aires, contratos millonarios bajo sospecha y el funcionamiento de una universidad que no estaría registrada oficialmente.
El Gobierno nacional avanzó así en una revisión profunda de la situación contable de la institución. El inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, confirmó el envío de veedores para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. “Avanzamos con este pedido debido a la gravedad de las irregularidades detectadas y a la negativa de la entidad a entregar la documentación requerida”, explicó el funcionario, al señalar que la medida busca que la asociación rinda cuentas como cualquier otra entidad civil.
Uno de los ejes centrales de la intervención es la falta de detalle sobre el origen y destino de los fondos que ingresaron a la AFA en los últimos años. Según la IGJ, la entidad que preside Claudio Tapia no expone con claridad las cifras globales de sus balances desde hace casi una década, lo que impide determinar con precisión cómo se administraron millones de dólares.
En paralelo, el organismo objetó un intento de cambio de domicilio hacia la Provincia de Buenos Aires. De acuerdo con la resolución oficial, se constató que en el predio declarado no funcionan oficinas administrativas ni instalaciones operativas, ya que la actividad central continúa desarrollándose en la sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires.
También quedó bajo observación la denominada “Universidad de la AFA” (UNAFA), un proyecto educativo que, según las autoridades, estaría en funcionamiento sin registración ante los organismos competentes. En ese marco, Vítolo remarcó que todas las asociaciones deben cumplir las obligaciones legales sin excepciones.
La resolución dispuso además auditar contratos firmados con distintas empresas, entre ellas TourProdEnter y Sur Finanzas, y revisar pagos vinculados con la comercialización de derechos en el exterior. La sospecha es que parte de esos ingresos no habría quedado reflejada en la contabilidad oficial.
El conflicto podría escalar al ámbito penal. La IGJ advirtió sobre investigaciones abiertas por presuntas maniobras económicas irregulares y por la posible retención indebida de aportes e impuestos. En ese sentido, se citó a declaración indagatoria a autoridades de la entidad.
Los veedores designados tendrán facultades para examinar libros contables, contratos y movimientos financieros, con especial foco en transferencias internacionales que no figuren en los balances. La intervención informativa se aceleró ante la posibilidad de que continúen omitiéndose datos relevantes sobre el patrimonio de la institución que administra el fútbol argentino.
