El Gobierno de Entre Ríos anunció que impulsará una demanda civil para recuperar más de un millón de dólares correspondientes a fondos públicos que, según la investigación judicial, fueron sustraídos mediante una maniobra fraudulenta en el programa Jóvenes Emprendedores, durante la gestión anterior.
El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, afirmó que no se trató de simples irregularidades administrativas, sino de “una banda delictiva organizada para estafar al Estado”, y remarcó que el Ejecutivo colaboró activamente con la Justicia desde el inicio de la investigación.
Según explicó, el Gobierno aportó documentación y pruebas que permitieron reconstruir información que los responsables habrían intentado destruir antes del cambio de gestión. Incluso señaló que quedó acreditado mediante escuchas telefónicas que se utilizó lavandina para eliminar documentación comprometedora.
Bernaudo sostuvo que la maniobra se extendió durante aproximadamente cuatro años y que, de acuerdo con los relevamientos realizados, habría alrededor de 750 casos involucrados. Además, cuestionó que los hechos hayan pasado inadvertidos durante distintas administraciones y bajo la gestión de varios ministros.
El funcionario confirmó que la Fiscalía de Estado reclamará la devolución de la totalidad de los fondos, cuyo monto supera el millón de dólares, y aseguró que ninguna de las personas involucradas continúa desempeñándose en el Ministerio de Desarrollo Económico.
En ese sentido, indicó que el único caso de continuidad laboral fue el de Pedro Gebhart, quien luego pasó a desempeñarse en el Senado durante la gestión de Laura Stratta como vicegobernadora. Posteriormente fue desvinculado y actualmente integra el bloque del peronismo.
La investigación
Por su parte, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó que la causa se originó a partir de una investigación realizada por el Tribunal de Cuentas, que detectó irregularidades en las rendiciones del programa y remitió los antecedentes a la Fiscalía de Estado y a la Oficina Anticorrupción.
A partir de esa presentación se formuló la denuncia penal que dio inicio a la investigación del Ministerio Público Fiscal.
Rodríguez Signes destacó que el Estado provincial no solo denunció los hechos, sino que también se constituyó como actor civil para reclamar el resarcimiento económico por el perjuicio ocasionado.
Asimismo, aclaró que la Constitución y la legislación vigente no permiten que el Poder Ejecutivo o la Fiscalía de Estado actúen como querellantes en una causa penal, por lo que la participación institucional se limitó a la denuncia, el aporte de pruebas y la acción civil destinada a recuperar los recursos públicos.
