Escándalo en la Policía Federal de Rosario: Detenido Jefe de Investigaciones Especiales por Corrupción

En un golpe sorpresivo, la División Antidrogas de la Policía Federal de Rosario detuvo al jefe de la Unidad Operativa de Investigaciones Especiales, un subcomisario implicado en un oscuro entramado de corrupción. La investigación, liderada por la Fiscalía Federal N° 2 de Rosario, revela un presunto esquema en el que el subcomisario recibía $20 mil por cada celular que permitía ingresar a detenidos en la delegación local.
El operativo, ejecutado con sigilo, no solo resultó en la detención del alto funcionario policial, sino también en el hallazgo de seis celulares en las celdas de los detenidos de la Policía Federal de Rosario. Adicionalmente, otros tres teléfonos fueron incautados en el escritorio del subcomisario bajo sospecha, junto con su propio dispositivo.
La investigación se desencadenó a partir de una línea telefónica intervenida, la cual mantenía comunicaciones con una interna detenida en la delegación. La joven de 19 años, vinculada a una presunta banda delictiva, detalló en sus conversaciones la necesidad de entregar dinero en efectivo a un agente para obtener beneficios dentro del centro de detención.
Las llamadas revelaron un patrón preocupante: detenidas solicitando teléfonos y la suma de $20 mil, una tarifa aparentemente establecida para garantizar el ingreso de dispositivos al centro de reclusión. El dinero debía ser entregado personalmente en la plaza Bélgica, cerca de la delegación, a un individuo apodado “Viejo o Jefe”, vestido de azul, según las indicaciones de las presas.
Este escándalo de corrupción en una unidad de alto rango de la Policía Federal de Rosario plantea serias preguntas sobre la integridad institucional y la necesidad de una investigación exhaustiva para erradicar prácticas indebidas dentro de la fuerza policial. La justicia, representada por la Fiscalía Federal y respaldada por el Juzgado Federal N° 4, ha tomado medidas para abordar este problema, pero el desafío radica en restaurar la confianza pública en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia.