Escándalo en Capital Humano: Solicitan Investigación por Asociación Ilícita
El Ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de Sandra Pettovello, sigue acumulando denuncias judiciales. Recientemente, el abogado Leonardo Martínez Herrero ha solicitado una investigación por presunta “asociación ilícita” y otros delitos, apuntando a varios funcionarios de la cartera.
Durante el fin de semana, dos juzgados emitieron órdenes de presentación con allanamiento en subsidio para inspeccionar depósitos en Villa Martelli y Tafí Viejo, Tucumán, donde se encuentran 6.000 toneladas de alimentos sin entregar. Las investigaciones judiciales abarcan desde la falta de distribución de estos alimentos hasta diversas irregularidades detectadas por la Oficina Anticorrupción.
La denuncia de Martínez Herrero se centra en una posible malversación de fondos públicos y cohecho, involucrando a Pablo de la Torre, Federico Fernández, y otros funcionarios. Según la denuncia, se utilizaba un mecanismo opaco para distribuir fondos públicos a través de convenios con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
El abogado presentó una planilla de Excel como prueba, mostrando pagos a contratados por la OEI con fondos públicos para tareas presuntamente relacionadas con la administración pública nacional. Este documento sugiere la existencia de un esquema de contratación de “profesionales” sin relación con las áreas competentes del ministerio, con un 10-12% de los pagos retenidos sin justificación clara.
La lista de contratados, según el portal Data Clave, incluye a personas que no figuran en las bases de datos oficiales del ministerio y que perciben montos mensuales entre 600.000 y 1.400.000 pesos, acumulando anualmente alrededor de 250 millones de pesos.
Debido a estas irregularidades, la ministra Pettovello desplazó a Pablo De la Torre y a otros funcionarios de sus cargos y promovió una presentación ante la Oficina Anticorrupción. Además, el ministerio incumplió una orden judicial del juez federal Sebastián Casanello para presentar un plan de distribución de los alimentos almacenados en Villa Martelli, lo que ha sido notificado a la Cámara Federal.
En paralelo, en Tafí Viejo, Tucumán, se constató la existencia de 2,2 millones de kilos de alimentos, de los cuales cerca de 2 millones están en condiciones de ser distribuidos. La Gendarmería realizó un relevamiento en ese depósito por orden del juez José Manuel Díaz Velez.
Este miércoles, la Sala II de la Cámara Federal realizará una audiencia sobre la apelación del ministerio a la decisión de Casanello, mientras la investigación sobre las irregularidades continúa desarrollándose.
