Entre Ríos: Proponen aplicar la Ley Antimafia para frenar el avance del narcotráfico
El licenciado Héctor Olivera impulsa la aplicación de la Ley Antimafia N° 27.786 en la provincia de Entre Ríos como una herramienta para enfrentar al narcotráfico y desarticular a las organizaciones mafiosas que operan en el territorio. La iniciativa apunta a fortalecer la lucha contra el crimen organizado y reforzar la seguridad ciudadana.
¿Qué contempla la Ley Antimafia?
La normativa, sancionada a nivel nacional, establece un conjunto de medidas extraordinarias para combatir el crimen organizado. Entre las principales disposiciones se destacan:
- Zonas sujetas a investigación especial: Los jueces federales pueden declarar áreas específicas bajo esta categoría, lo que habilita mayor flexibilidad para investigar delitos complejos.
- Allanamientos simultáneos: Permite la realización de múltiples operativos en lugares vinculados con estructuras mafiosas.
- Ampliación de plazos de detención: Se autoriza la extensión del tiempo de detención para sospechosos que formen parte de redes delictivas organizadas.
- Penas agravadas: Establece sanciones más severas para quienes sean condenados por delitos relacionados con mafias o narcotráfico.
Objetivos centrales
La propuesta de Olivera tiene como metas principales:
- Reducir el narcotráfico: Atacar de forma directa la estructura del negocio ilegal de drogas en la provincia.
- Desarticular organizaciones criminales: Limitar la operatividad de las bandas mediante acciones judiciales y policiales coordinadas.
- Cuidar a la población: Proteger a las comunidades afectadas por el accionar delictivo y mejorar su calidad de vida.
Desafíos para su implementación
La aplicación efectiva de la Ley Antimafia en Entre Ríos implicará superar una serie de obstáculos, como:
- Coordinación interinstitucional: Será clave una articulación fluida entre la Justicia Federal, las fuerzas de seguridad y organismos provinciales.
- Formación y recursos: Se requerirá capacitar al personal judicial y policial, además de contar con recursos logísticos y tecnológicos adecuados.
- Respeto a los derechos humanos: La aplicación de la ley debe garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales y el debido proceso.
