La nueva norma establece un procedimiento para que una ley, decreto, ordenanza o resolución de carácter general pueda ser derogada cuando el Superior Tribunal de Justicia la declare inconstitucional en tres sentencias firmes. Además, se creará un registro público para contabilizar los fallos.
El Poder Ejecutivo de Entre Ríos promulgó la Ley N° 11.300, publicada en el Boletín Oficial N° 28.395 y aprobada recientemente por la Legislatura provincial. La normativa establece el procedimiento para aplicar el efecto derogatorio previsto en el último párrafo del artículo 60 de la Constitución Provincial.
De esta manera, una norma podrá quedar fuera del ordenamiento jurídico cuando haya sido declarada inconstitucional en tres oportunidades por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), reunido en pleno, siempre que se trate del mismo precepto y por el mismo vicio constitucional.
Hasta ahora, una declaración de inconstitucionalidad realizada por la Justicia tenía, como regla general, efectos únicamente sobre las partes involucradas en el juicio. Es decir, la norma cuestionada continuaba vigente para el resto de la ciudadanía.
La nueva legislación establece un mecanismo para que, bajo determinadas condiciones, esa declaración pueda adquirir alcance general y provocar la derogación del precepto cuestionado.
Qué fallos se tendrán en cuenta
La ley establece criterios específicos para determinar qué sentencias pueden contabilizarse entre las tres necesarias para activar el procedimiento.
Solo serán consideradas las sentencias firmes dictadas por el Superior Tribunal de Justicia en pleno, dentro de acciones de inconstitucionalidad contra leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos o resoluciones de carácter general.
Además, las tres declaraciones deberán referirse al mismo artículo o precepto —o a una parte jurídicamente separable— y estar fundamentadas en el mismo vicio constitucional.
La normativa también aclara que no se tendrán en cuenta, para este procedimiento, las declaraciones de inconstitucionalidad dictadas en otros tipos de procesos ni aquellas realizadas de oficio. Por lo tanto, no alcanzarán por sí solas las decisiones de juzgados de primera instancia, cámaras o salas individuales.
Crearán un registro público de sentencias
Para llevar un control de las declaraciones, la ley dispone la creación, dentro del Superior Tribunal de Justicia, del Registro de Sentencias Firmes de Inconstitucionalidad.
El registro será público, gratuito y de acceso electrónico, y deberá mantenerse actualizado. Cada sentencia que reúna los requisitos establecidos deberá incorporarse dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles desde que quede firme.
Una vez que el STJ constate que existen tres sentencias firmes referidas al mismo precepto y sustentadas en el mismo vicio constitucional, podrá avanzar con la resolución correspondiente para disponer su derogación.
La derogación no será retroactiva
La nueva normativa establece que el efecto derogatorio alcanzará únicamente al precepto que haya sido considerado inconstitucional, o a la parte jurídicamente separable de la norma afectada.
El resto de la legislación continuará vigente.
Además, la derogación no tendrá efecto retroactivo y no afectará situaciones jurídicas consolidadas, actos firmes, derechos adquiridos ni relaciones jurídicas que ya hayan finalizado bajo la vigencia de la norma.
Cuándo tendrá efecto para todos
Una vez que el Superior Tribunal de Justicia dicte la resolución derogatoria, esta será comunicada al organismo que haya emitido la norma —ya sea la Provincia, un municipio o una comuna— y deberá publicarse en el Boletín Oficial de Entre Ríos.
El efecto general de la derogación comenzará después del octavo día de su publicación oficial, de acuerdo con lo establecido por la ley.
La promulgación fue firmada por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, junto con las autoridades legislativas correspondientes.
La Ley N° 11.300 también modifica las disposiciones que se encontraban en contrario dentro de la Ley de Procedimientos Constitucionales N° 8.369 y establece el nuevo mecanismo para que las normas reiteradamente declaradas inconstitucionales puedan ser eliminadas con alcance general.
Fuente: APF Digital
