El gobierno de Entre Ríos impulsa una medida para recuperar los costos generados por operativos de seguridad ante amenazas en establecimientos educativos. La iniciativa, analizada en una reunión conjunta entre el Consejo General de Educación, la Policía, Copnaf y el área de Justicia, apunta a que los padres o tutores de menores identificados como responsables afronten esos gastos mediante acciones civiles por daños y perjuicios.
La decisión surge frente al incremento de mensajes intimidatorios en escuelas. Autoridades provinciales definieron avanzar con mecanismos legales que permitan reclamar el recupero económico de los recursos utilizados en cada intervención, más allá de las limitaciones que puedan existir en el ámbito penal por la edad de los involucrados.
Desde el gobierno señalaron que cada operativo implica un despliegue significativo de personal, logística y tecnología, con un costo elevado para el Estado. En ese marco, remarcaron que se trata de un perjuicio económico que no debe recaer sobre los contribuyentes.
Según lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, la responsabilidad civil corresponde a los adultos a cargo de los menores. Por eso, la provincia iniciará acciones legales para que los responsables asuman el pago de los gastos generados en los procedimientos ya investigados.
Las autoridades informaron que, gracias a tareas de inteligencia tecnológica, se logró identificar a la mayoría de los autores de las amenazas en distintas localidades. Además, estimaron que el costo total de los operativos supera los 250 millones de pesos, incluyendo móviles, brigadas especializadas y horas de trabajo que se restan a la prevención del delito.
Desde los organismos intervinientes también pidieron a las familias reforzar el control sobre el uso de dispositivos digitales por parte de los menores, y advirtieron que este tipo de hechos no son bromas, sino conductas que generan alarma social y un gasto innecesario de recursos públicos.
