A tan solo ocho días de su publicación en el Boletín Oficial, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, impulsado por el presidente Javier Milei, ha entrado en vigencia plena. La desregulación económica propuesta por este mega DNU ha despertado controversias, generando un extenso debate judicial.
El DNU fue rubricado por el presidente y miembros del Gabinete nacional, siendo publicado el pasado 21 de diciembre. Tras ocho días, el viernes 29 de diciembre marcó el inicio de su aplicación, salvo intervención judicial mediante medidas cautelares. Hasta el momento, no se ha presentado ningún reclamo judicial que haya suspendido sus efectos.
En el ámbito judicial, el fuero Contencioso Administrativo Federal de Buenos Aires ha sido escenario de al menos 25 amparos, sumados a otros dos presentados por la CGT y la CTA ante la justicia del Trabajo. El juez Esteban Furnari rechazó una medida precautelar de suspensión, alegando que las disposiciones del DNU aún no han entrado en vigencia, según lo establecido por el Código Civil y Comercial Nacional.
La CGT, por su parte, apeló la decisión del juez Ignacio Ramonet, quien desestimó una medida cautelar “interina” vinculada a la reforma laboral propuesta en el capítulo IV del DNU. Esta apelación marca la primera intervención de un Tribunal de Apelaciones respecto al DNU, centrándose específicamente en las normas laborales.
El escrito de apelación, suscrito por Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, destaca la necesidad de conjurar un acto de autoridad que impone una reforma laboral sin pasar por el Congreso, afectando tanto aspectos individuales como colectivos.
Además, se destaca la inclusión por parte del Gobierno de una cláusula de ratificación del DNU en el proyecto de Ley para sesiones extraordinarias, lo que implica el reconocimiento de que las reformas propuestas pueden ser tratadas en el Congreso Nacional.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez ha solicitado una medida precautelar para suspender el DNU en su totalidad, argumentando su inconstitucionalidad y la necesidad de preservar el principio de división de poderes.
Este complejo escenario judicial también ha visto demandas presentadas por el CELS y la Confederación Argentina de Deportes, destacando la inconstitucionalidad del DNU y su impacto en los derechos y garantías de diversos sectores sociales.
En resumen, el DNU 70/2023 de Javier Milei ha desencadenado una serie de acciones judiciales y debates intensos, marcando el inicio de una etapa crucial en la relación entre el Ejecutivo y el sistema judicial argentino.
