El Gobierno solicita a la Justicia la conciliación obligatoria para garantizar las clases en la provincia

El Consejo General de Educación presentó una solicitud ante la Justicia para que se disponga la conciliación obligatoria, buscando asegurar el dictado de clases en la provincia ante el paro convocado por el gremio docente. El pedido fue ingresado en el Juzgado Laboral N° 4, a cargo de la doctora María Alejandra Abud, y sostiene que es imperativo tomar esta medida para proteger el derecho constitucional a la educación, tal como lo establece el artículo 14 de la Carta Magna.
En relación con esto, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Collelo, subrayó que el gobierno ha realizado un significativo esfuerzo para cumplir con las expectativas salariales de los docentes, reconociendo las dificultades económicas que enfrenta la provincia. “El gobernador gobierna para todos los entrerrianos; y en ese contexto, con mucho esfuerzo, hemos presentado más de cuatro mejoras en la oferta salarial a los gremios. Lamentablemente, no logramos el equilibrio, aunque nuestras propuestas son similares a las de otras provincias como Córdoba”, afirmó Collelo.
El funcionario enfatizó que se decidió recurrir a la conciliación obligatoria porque “no hay nada más importante que resolver esta tensión con los chicos en el aula”. Además, adelantó que el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, presentará una nueva oferta a los gremios en los próximos días para intentar acercar posiciones.
En el documento presentado a la Justicia, el gobierno destaca que se han realizado todos los esfuerzos posibles, tanto en conversaciones informales como en instancias administrativas, para alcanzar un acuerdo con las entidades gremiales que permita el desarrollo normal de la actividad educativa en la provincia. También se subraya la importancia de garantizar el derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad, que promueva el desarrollo de sus conocimientos, habilidades y valores sociales.
Finalmente, el escrito menciona que, ante la colisión de derechos de rango constitucional, como el derecho de huelga y el derecho a la educación de los menores, debe primar el interés superior de los niños a recibir una educación adecuada, conforme lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Nacional.