El Gobierno profundiza la desregulación de armas: civiles podrán acceder a armamento semiautomático de alto calibre
El Gobierno nacional, a través de una serie de medidas impulsadas por el presidente Javier Milei, avanzó en la flexibilización del acceso a armas de fuego para civiles, profundizando su política de desregulación del mercado armamentístico.
Mediante la Resolución 77/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) eliminó el cobro de la tasa anual para usuarios registrados y extendió de uno a cinco años el plazo de reinscripción. La medida alcanza a fabricantes de armas de uso civil o condicional, productores de municiones, talleres de blindaje, verificadores y recargadores comerciales, quienes también quedan eximidos del pago anual, aunque deberán notificar cualquier cambio registral en un plazo de 30 días.
Además, el Poder Ejecutivo derogó una prohibición vigente desde 1995 y habilitó, bajo régimen especial, la adquisición civil de armas semiautomáticas de alto calibre, como fusiles, subametralladoras y carabinas con cargadores extraíbles.
Desde el oficialismo argumentan que estas reformas responden a la necesidad de actualizar normativas con más de tres décadas de antigüedad, facilitar la transferencia de armas tras el fallecimiento de sus titulares, y reconocer usos legítimos como el deporte o la caza.
Sin embargo, desde organismos especializados en seguridad y desarme expresaron su preocupación. Julián Alfie, integrante de la Red Argentina para el Desarme, advirtió que “la principal fuente de armas para el mercado ilegal son los desvíos desde el mercado legal”, lo que podría agravar el delito y la violencia armada.
Argentina registra alrededor de un millón de usuarios legales y 1,7 millones de armas registradas. A estas cifras se suman estimaciones similares de tenencia no registrada, lo que pone en cuestión los efectos que podría generar una mayor liberalización del acceso.
Con estas decisiones, el Gobierno apuesta por una reducción de los controles administrativos y una ampliación del arsenal disponible para civiles. El impacto de esta desregulación será motivo de seguimiento y debate por parte de distintos sectores que advierten sobre sus posibles consecuencias en materia de seguridad y criminalidad.
