El Gobierno Nacional Evalúa Rescindir 70.000 Contratos de Empleados Públicos

El Ejecutivo planea una significativa reducción de la plantilla de empleados públicos contratados, lo que afectaría a alrededor de 70.000 trabajadores en todo el país. Esta medida se llevará a cabo de manera progresiva a lo largo de los próximos años de gobierno, con el objetivo de achicar el Estado.

En junio, la Casa Rosada tiene prevista una nueva ola de despidos, centrada en los contratos que fueron extendidos por tres meses en marzo. Esta iniciativa se suma a las acciones previas del Gobierno, que en diciembre no renovó 7.000 contratos y en marzo eliminó otros 15.000. Las fuentes cercanas al presidente Javier Milei anticipan que la cifra de despidos de junio podría superar la de la última reducción.

Para ejecutar esta medida, el Ejecutivo está a la espera de informes detallados de los ministerios y organismos descentralizados que proporcionarán el número final de contratos a rescindir. La prioridad se centrará en los empleados con irregularidades. Por ello, ministros, secretarios, subsecretarios y directores de empresas públicas están llevando a cabo auditorías constantes sobre las funciones y actividades de los empleados contratados en sus áreas.

El plan ha generado tensiones con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que demanda la reincorporación de los trabajadores despedidos. Diversas medidas de fuerza y protestas se han registrado en edificios gubernamentales, incluyendo la Secretaría General de la Presidencia, en respuesta a los despidos y la reducción de horas extras del personal estatal.

La ejecución del proceso de reducción de contratos estaba a cargo del exjefe de Gabinete, Nicolás Posse. Actualmente, en Balcarce 50 no está claro si su sucesor, Guillermo Francos, o Federico Sturzenegger, próximo a ser nombrado funcionario, liderará esta tarea. Sturzenegger ha sido designado por Milei para llevar a cabo la reforma del Estado, que se lanzará una vez que se voten los proyectos de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado.

Paralelamente, la mesa técnica de la Casa Rosada tiene preparada una serie de desregulaciones económicas que se implementarán por decreto, como parte del esfuerzo por reestructurar y reducir el tamaño del Estado.