El Gobierno de Javier Milei propone la privatización de 41 empresas emblemáticas en Argentina
En el marco de las sesiones extraordinarias, el Gobierno encabezado por Javier Milei ha presentado un proyecto de ley integral titulado “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, que busca la privatización de 41 empresas estatales, marcando un hito significativo en la historia económica y política de Argentina.
Entre las compañías emblemáticas incluidas en el listado se encuentran Aerolíneas Argentinas, YPF, Banco Nación, el Correo, Ferrocarriles Argentinos y AySA, así como otras 35 empresas estatales más. Este anuncio ha generado un debate acalorado sobre el papel del Estado en la economía y la conveniencia de privatizar entidades estratégicas.
El presidente Milei ha justificado esta iniciativa mediante la necesidad de “concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales”. El proyecto de ley establece que la privatización de estas empresas se llevará a cabo dentro del marco normativo de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, con el objetivo de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas.
El listado de empresas, redactado por orden alfabético, abarca diversos sectores, desde el financiero con el Banco Nación, hasta el energético con YPF, pasando por el transporte con Aerolíneas Argentinas y el servicio postal con el Correo. Además, se incluyen empresas del ámbito de los medios de comunicación, como Telam y Radio y Televisión Argentina.
El proceso de privatización variará según la naturaleza legal de cada entidad. Aquellas que son sociedades del Estado, como Ferrocarriles Argentinos o la Casa de la Moneda, deberán primero convertirse en sociedades anónimas, lo que implica un proceso complejo. En cada caso, se deberá dictar un marco de regulación específico para la venta, considerando los sectores en los que opera cada compañía.
El proyecto de ley se presenta como un paso clave hacia la liberalización económica y la atracción de inversiones privadas, aunque su implementación plantea desafíos significativos y seguramente generará un intenso debate en el Congreso y la sociedad argentina.
