El Gobierno avanza con la privatización de Intercargo y pone fin a su exclusividad en los aeropuertos
El Ministerio de Economía oficializó el inicio del proceso de privatización de Intercargo S.A.U., la empresa estatal que presta servicios de rampa y traslado de equipaje en los principales aeropuertos del país. La medida se formalizó este lunes a través de la Resolución 1067/2025 publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca dentro del plan de desinversión de empresas públicas impulsado por el Ejecutivo.
La normativa ordena la venta total de las acciones de Intercargo mediante una licitación pública nacional e internacional. El proceso estará a cargo de la Secretaría de Transporte, en coordinación con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. Entre las tareas asignadas se encuentra la actualización del inventario de bienes, la tasación oficial de la empresa y la rescisión del contrato de concesión vigente desde 1990, otorgado por la Fuerza Aérea Argentina.
La decisión tiene antecedentes en un conflicto ocurrido en noviembre de 2024, cuando un paro gremial en Aeroparque y Ezeiza paralizó la operatoria y dejó varados a miles de pasajeros. Tras ese episodio, el Gobierno desreguló el monopolio de Intercargo, permitiendo la entrada de operadores privados. En ese contexto, el vocero presidencial Manuel Adorni había declarado: “Es el fin de Intercargo tal como la conocíamos”.
Adorni también fue contundente con los gremios: “Ningún terrorista sindical podrá volver a tomar de rehén a los pasajeros y arruinarles sus viajes, laborales, médicos o recreativos”.
Desde su creación, Intercargo tuvo la concesión exclusiva del Servicio Único de Atención en tierra a aeronaves. Sin embargo, su inclusión como “sujeta a privatización” en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742), sumada a decretos complementarios (695/2024, 198/2025 y 416/2025), dio vía libre al proceso actual.
El decreto 416/2025 establece que la licitación se realizará a través de la plataforma digital CONTRAT.AR. Toda la documentación técnica y contractual deberá contar con el aval de la Unidad Ejecutora, mientras que la Subsecretaría de Transporte Aéreo deberá garantizar que la operación no afecte la conectividad ni el normal funcionamiento del servicio.
El plazo para concretar la privatización es de ocho meses desde la entrada en vigor de la resolución. Si bien el Tribunal de Tasaciones de la Nación informó que no podrá evaluar el valor total de la empresa en ese tiempo, sí realizó un informe sobre sus bienes tangibles. La normativa habilita, en caso necesario, la contratación de tasadores internacionales o privados, siempre que no participen del proceso licitatorio.
