La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó este jueves el Acuerdo Interino de Comercio suscripto entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el 17 de enero de 2026 en Asunción y remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo el pasado 5 de febrero.
La votación se concretó cerca de la medianoche y arrojó 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones. El entendimiento constituye el mayor acuerdo comercial alcanzado entre ambos bloques y configura un mercado ampliado de más de 700 millones de consumidores.
Desde el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, sostienen que la aprobación permitirá incrementar la porción del PBI global con la que Argentina mantiene acuerdos comerciales, superar el 30 % de cobertura, otorgar previsibilidad a los operadores internacionales y fortalecer la estrategia de inserción externa en línea con las reformas económicas en curso.
Al tratarse de un acuerdo interino, el instrumento podrá entrar en vigor entre Argentina y la UE aun cuando otros socios del Mercosur no lo hayan ratificado, habilitando beneficios comerciales inmediatos mientras avanza el Acuerdo de Asociación integral.
Entre los principales beneficios señalados para el agro y las economías regionales se destacan mayores cuotas agrícolas otorgadas por la UE —incluyendo carnes, maíz, arroz y lácteos—, mejoras arancelarias para productos pesqueros, miel, cítricos y biodiesel, eliminación de aranceles al vino con reconocimiento de indicaciones geográficas, y ventajas para frutas, legumbres, tabaco, yerba mate y té, entre otros complejos exportadores.
El texto también contempla procedimientos sanitarios y fitosanitarios más ágiles, plazos previsibles y mecanismos bilaterales para la resolución de controversias comerciales.
En paralelo, el oficialismo remarcó que existen plazos de desgravación extensos para sectores sensibles, esquemas graduales de apertura de hasta 10 años o más, salvaguardias específicas para la industria automotriz de hasta 18 años y exclusiones permanentes para productos considerados vulnerables.
Durante el debate se expusieron posiciones fuertemente contrapuestas. Desde la izquierda, Miriam Bregman cuestionó el tratado al calificarlo como parte de una política “primarizadora” y advirtió sobre la profundización del extractivismo y las asimetrías entre ambos bloques.
En contraste, Miguel Ángel Pichetto lo definió como una verdadera política de Estado, recordando que las negociaciones con Europa se sostienen desde fines de los años noventa y destacando la apertura de un mercado de más de 500 millones de consumidores con reducción arancelaria progresiva.
El excanciller Santiago Cafiero manifestó un rechazo contundente al considerar que no se trata del acuerdo integral originalmente negociado, sino de un tratado de libre comercio que —según afirmó— expone a la industria nacional y enfrenta barreras paraarancelarias europeas que limitarían el acceso real de exportaciones.
Tras sus dichos, la diputada radical Karina Banfi salió al cruce de las críticas al proceso negociador previo y defendió la madurez política alcanzada para concretar el entendimiento.
Dentro del propio peronismo también hubo posiciones divididas. Agustín Rossi acompañó la iniciativa al considerar que fortalece al Mercosur frente a acuerdos bilaterales asimétricos, mientras que otros referentes mantuvieron su rechazo.
El también excanciller Jorge Taiana adoptó una postura intermedia, reconociendo ventajas para exportaciones cárnicas pero advirtiendo dificultades para economías regionales y el sector biodiesel.
Sobre el cierre, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, subrayó que el instrumento constituye uno de los mayores acuerdos birregionales del mundo y consolida un mercado ampliado de enorme escala.
Uno de los puntos políticamente más sensibles fue la cuestión Malvinas. El dictamen incorpora cláusulas de salvaguarda de soberanía y menciona la declaración conjunta elevada por los Estados Parte del Mercosur el 18 de diciembre de 2025, reafirmando los derechos argentinos sobre las islas y exigiendo el respeto a la legislación nacional para cualquier actividad vinculada al territorio.
El Ejecutivo defendió la necesidad de avanzar con el acuerdo interino para evitar demoras y aprovechar beneficios comerciales inmediatos mientras continúa el proceso diplomático del tratado de asociación integral.
