Desmantelado un oscuro negocio de venta ilegal de bebés: allanamientos en centros de fertilidad en Buenos Aires y Rosario
La Justicia ha comenzado una investigación sobre personas e instituciones que ofrecían a parejas extranjeras con dificultades para concebir un “servicio” para gestar un bebé, a cambio de 50.000 dólares. Estas organizaciones captaban a mujeres vulnerables para actuar como madres gestantes, ofreciéndoles 10.000 dólares. La causa se originó cuando una mujer alemana acudió a un hospital en su país con una bebé de tres meses en condiciones de salud críticas, quien había nacido en Argentina.
A solicitud de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, dirigida por Alejandra Mángano, y con el apoyo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), se llevaron a cabo varios allanamientos y órdenes de presentación en centros médicos, escribanías y estudios jurídicos en Buenos Aires y Rosario. Esta acción forma parte de una investigación más amplia sobre un posible negocio ilícito transnacional que explota a mujeres gestantes a través de la “subrogación de vientres” y la posterior comercialización de los niños que nacen mediante este método.
Los procedimientos fueron autorizados por la jueza federal María Eugenia Capuchetti y se ejecutaron el miércoles pasado con la colaboración de las Divisiones Trata de Personas y Ciberdelito de la Policía Federal (PFA).
La investigación se inició en enero y se sospecha que involucra a personas y empresas extranjeras que operan en Argentina, generando importantes ganancias.
“Las personas y entidades bajo investigación ofrecían sus servicios a través de diversas plataformas de comunicación en el extranjero, contactando a parejas que deseaban tener hijos pero no podían llevar a cabo un embarazo. A estas parejas les proponían un ‘programa’, conocido en algunos casos como ‘Programa Argentina’, con un costo aproximado de 50.000 dólares”, detalló Mángano en el dictamen que solicitó los allanamientos.
La fiscal explicó que este servicio abarcaba la selección de la madre gestante, la adquisición de embriones para la implantación, el tratamiento médico necesario, controles regulares durante el embarazo y el parto.
Asimismo, Mángano, quien co-dirige PROTEX junto a Marcelo Colombo, indicó que “otra faceta de este negocio es el sistema de reclutamiento de las gestantes, que se realiza a través de redes sociales, aprovechando sus necesidades socioeconómicas y ofreciéndoles entre 10.000 y 12.000 dólares, además de un ‘plus’ si el parto se realiza por cesárea”.
En caso de que el embarazo se interrumpiera, las empresas involucradas se negaban a pagar, salvo por algunos gastos mínimos. Así, los involucrados se aprovechaban de la vulnerabilidad económica de las mujeres, quienes aceptaban 10.000 dólares a cambio de intentar concebir, llevar a cabo el embarazo y entregar al niño nacido, sin considerar las posibles consecuencias físicas y emocionales que estas prácticas pudieran tener.
La investigación revela que las personas implicadas habrían establecido un “negocio criminal” enfocado en captar a mujeres vulnerables, sometiéndolas a una explotación que puede compararse con la reducción a la servidumbre. La fiscalía subrayó que el objetivo final de este ilícito era la inscripción del niño en el registro civil y su posterior entrega. Este complejo esquema estaba diseñado para asegurar el nacimiento de un niño que sería entregado a una pareja, a menudo extranjera, sin ningún vínculo genético, cultural o social, como se evidenció en el primer caso que dio origen a la investigación.
Calificaciones Penales
El Ministerio Público Fiscal considera que el caso se enmarca en el artículo 145 bis del Código Penal (CP) sobre trata de personas, ya que los investigados habrían operado un negocio criminal que captaba a mujeres en condiciones de vulnerabilidad para someterlas a explotación. Esto también se ajusta a la Ley 26.842 sobre prevención y sanción de la trata de personas.
Además, se plantea la posibilidad de que se haya cometido un delito de comercialización de niños, lo que equivaldría a una reducción a una situación de esclavitud (artículo 140 del CP). También se contempla la compra-venta de seres humanos como un crimen, conforme al artículo 15 de la Constitución, que establece que “todo contrato de compra-venta de personas es un crimen y serán responsables quienes lo celebren”.
Se añade a esto la posible comisión de delitos contra la fe pública por insertar declaraciones falsas en instrumentos públicos (artículo 293 del CP), relacionado con los acuerdos entre las gestantes y los comitentes presentados por escribanos ante el Registro Civil de Buenos Aires.
Origen de la Investigación
La investigación comenzó el 25 de enero, tras la denuncia de la titular de la Dirección de Contencioso del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Consulado argentino en Bonn recibió la notificación de que una mujer alemana de 58 años se presentó en un hospital con una niña de tres meses nacida en Argentina, acreditando su filiación con un acta de nacimiento y un pasaporte argentino.
Se descubrió que se trataba de un esquema empresarial a nivel nacional e internacional, dedicado a la “gestación por sustitución”. La mujer alemana alertó que la bebé se encontraba en condiciones críticas, lo que llevó a la intervención policial y a la provisión de custodia a una familia sustituta.
La investigación identificó que el nacimiento de la menor fue registrado en Buenos Aires bajo la Disposición 122/DGRC/20 y que el tratamiento de fertilización se realizó en una institución privada en la Capital Federal, donde se concretó la gestación por sustitución.
Se encontraron 147 legajos relacionados con casos de gestación por sustitución entre 2018 y abril del año en curso, de los cuales 49 compartían características con el caso inicial de la investigación. Muchos comitentes eran extranjeros sin vínculo genético, y la mayoría no tenía relación afectiva con las gestantes, lo que cuestiona la legalidad de los procedimientos de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (THRA) realizados.
En estos casos, no se contó con la autorización de jueces civiles, solo de escribanos que recogieron consentimientos que resultaron ser en parte falsos.
Allanamientos
Los allanamientos, realizados el miércoles pasado por la Policía Federal, incluyeron cuatro centros de fertilidad en la Capital y dos en Rosario. En estos lugares, se buscaban historias clínicas y documentos administrativos relacionados con pagos.
También se llevaron a cabo procedimientos en siete escribanías, donde se firmaban los consentimientos de las gestantes antes y durante el parto. Se ordenó el secuestro de actuaciones notariales y protocolos de los casos en investigación.
Finalmente, se allanaron tres estudios jurídicos que representaban a las gestantes o a los comitentes en estos procedimientos.Publico LA PIRAMIDE
