Crisis financiera afecta proyectos de vivienda en Entre Ríos: Embargo de 400 millones de pesos al IAPV

En un contexto de dificultades financieras, las empresas constructoras de Entre Ríos han embargado al Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV) por una suma de 400 millones de pesos. Este embargo se debe a la falta de pagos de los últimos certificados de obras por parte del IAPV a las compañías privadas, lo que ha llevado a una situación crítica en el sector de la construcción en la provincia.
El titular del IAPV en Gualeguaychú, Pablo Echandi, ha destacado que esta deuda se arrastra desde hace años y que la situación actual es consecuencia de una gestión desordenada y una falta de planificación financiera. El gobernador Rogelio Frigerio ha reconocido la magnitud del problema al asumir su cargo, señalando una deuda total de 20 mil millones de pesos en juicios y certificados no pagados a las empresas constructoras.
Ante esta situación, se ha acordado un parate de 60 días en todas las obras públicas en colaboración con la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, con el objetivo de reorganizar la situación y establecer un plan de pago viable. Sin embargo, los recortes y ajustes realizados a nivel nacional han complicado aún más la situación, y la Justicia ha dictaminado el embargo sobre el IAPV.
Esta crisis financiera ha tenido un impacto directo en proyectos de vivienda en la provincia, como la construcción de 30 viviendas en Gualeguaychú, que se encuentran paralizadas en un 90%. Los adjudicatarios de estas viviendas se ven afectados por la incertidumbre sobre cuándo podrán ocupar sus hogares prometidos, mientras que la falta de servicios básicos en algunos proyectos agrava aún más la situación.
En medio de este panorama desafiante, las autoridades locales están trabajando para encontrar soluciones alternativas que permitan finalizar las viviendas y garantizar un lugar habitable para los adjudicatarios lo antes posible. Sin embargo, la complejidad legal y financiera del problema plantea obstáculos significativos en el camino hacia una solución satisfactoria.
A pesar de las dificultades, hay una esperanza compartida de que se encuentren soluciones viables y se reactiven los fondos necesarios para impulsar la obra pública en la provincia, brindando así una respuesta a las necesidades de vivienda de la población afectada.