La crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos se extiende a distintas plantas y establecimientos del grupo empresario, con consecuencias para trabajadores, proveedores y economías locales de Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires.
La reciente paralización de la planta ubicada en Capitán Sarmiento, comunicada al personal “hasta nuevo aviso”, se suma a una serie de dificultades que ya afectan a otras unidades productivas de la empresa.
En Entre Ríos, la planta La China permanece cerrada y se produjeron desvinculaciones de trabajadores. En Córdoba, la planta Avex atraviesa una prolongada paralización, mientras que en distintas localidades bonaerenses se registraron cierres y suspensiones.
El escenario generó preocupación entre los trabajadores y las comunidades vinculadas a las plantas, debido al impacto que la situación tiene sobre el empleo y la actividad económica de cada localidad.
Desde Entre Ríos, el Gobierno provincial viene acompañando a los trabajadores afectados y mantiene abiertos los canales institucionales con el objetivo de buscar alternativas frente a la situación que atraviesa la empresa.
En este contexto, el gobernador Rogelio Frigerio impulsa la conformación de una mesa de trabajo conjunta entre Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires. La iniciativa apunta a coordinar información y acciones entre las tres provincias, teniendo en cuenta que la problemática excede los límites de una jurisdicción.
La situación alcanza a trabajadores de establecimientos ubicados en Capitán Sarmiento, Concepción del Uruguay, Río Cuarto y distintas localidades bonaerenses donde el grupo empresario desarrolla actividades.
Mientras los gobiernos provinciales buscan mecanismos para acompañar a los trabajadores y preservar las fuentes laborales, la continuidad de las unidades productivas y el sostenimiento del empleo dependen también de las decisiones que adopte la propia empresa.
La crisis de Granja Tres Arroyos representa así un problema que trasciende una planta determinada y plantea un desafío para tres provincias, especialmente por el impacto que podría generar sobre cientos de trabajadores, sus familias y las economías regionales vinculadas a la actividad avícola.
