Corrupción en Vialidad: Exfuncionarios reconocen delitos y empresarios salen indemnes
Alicia Benítez y Néstor Kemerer, exautoridades de la Dirección Provincial de Vialidad durante la gestión Urribarri, admitieron irregularidades en el manejo de fondos públicos y firmaron acuerdos de juicio abreviado. Varios empresarios involucrados ya habían accedido a probation.
Dos exfuncionarios de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Entre Ríos reconocieron su participación en maniobras fraudulentas y firmaron acuerdos de juicio abreviado. Se trata de Alicia Benítez, exdirectora del organismo, y Néstor Kemerer, exsubdirector, quienes admitieron el cobro indebido de viáticos por trabajos que nunca se realizaron. Además, Benítez afronta una acusación por administración fraudulenta en el marco de la Cumbre de Presidentes del Mercosur celebrada en Paraná en 2014.
El juez Mauricio Mayer, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, dará a conocer su resolución el próximo 26 de junio a las 12 horas, sobre el acuerdo alcanzado entre los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano y las defensas de los imputados.
Según la acusación fiscal, Benítez autorizó el pago de sobreprecios en obras y servicios contratados directamente para la cumbre del Mercosur, entre ellos refacciones en la Vieja Usina y la Escuela Centenario. En tanto, ambos exfuncionarios admitieron el pago de viáticos a empleados que, según los registros biométricos, nunca salieron del edificio de Vialidad.
Como parte del acuerdo, Benítez aceptó pagar una multa total de más de 13,3 millones de pesos, mientras que Kemerer afrontará una devolución de 667 mil pesos. Los montos serán abonados en cuotas si el juez homologa el acuerdo.
Kemerer ya tiene una condena condicional previa por utilizar fondos públicos para construir una escuela privada destinada a hijos de empleados viales. Sin embargo, la fiscalía aclaró que esos hechos ocurrieron con posterioridad a los que se investigan en este expediente.
El caso también involucró a reconocidos empresarios de la construcción de Entre Ríos como Miguel Marizza, Néstor Iván Szczech, Daniel Hereñú y Rubén Grasso, quienes accedieron en 2022 a la probation, evitando el juicio oral. La jueza Marina Barbagelata homologó esos acuerdos, que incluyeron pagos simbólicos a cooperadoras y una reparación de 500 mil pesos al Estado, cerrando su participación en el proceso.
Una vez más, los representantes del poder económico local eludieron responsabilidades penales en una causa de corrupción que expuso manejos irregulares de fondos públicos y conexiones entre el Estado y sectores empresarios. Con información de AHORA y APF Digital.
