La provincia de Córdoba puso en marcha un protocolo para recuperar los costos generados por falsas amenazas en establecimientos educativos, con el objetivo de desalentar este tipo de conductas que alteran el normal funcionamiento escolar.
La medida establece que quienes realicen intimidaciones —como advertencias de tiroteos o falsas alarmas— deberán afrontar los gastos de los operativos de seguridad que esas situaciones demanden. La disposición fue formalizada por el Ministerio de Seguridad provincial.
Según se detalla, los costos derivados de intervenciones policiales, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación podrán ser reclamados a los padres o adultos responsables cuando los autores sean menores de edad. De esta manera, el esquema suma un criterio económico a las sanciones penales ya vigentes.
A partir de ahora, cada episodio que implique el despliegue de recursos estatales será cuantificado en función del personal, los móviles, la tecnología utilizada y las tareas investigativas. Con esa información, el Estado podrá intimar el pago correspondiente y, de ser necesario, avanzar con acciones judiciales para recuperar los costos.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, explicó que “cada operativo de estas características moviliza personal policial, móviles, sistemas de emergencia y recursos tecnológicos, afectando capacidades que deberían destinarse a la prevención del delito en otros puntos de la provincia”.
Además, remarcó que no se trata de hechos menores, ya que estas situaciones “alteran el funcionamiento escolar, generan angustia en estudiantes, docentes y familias, y obligan a una respuesta inmediata del Estado”.
La implementación del protocolo será coordinada con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y las áreas administrativas correspondientes, con el fin de garantizar una respuesta ágil y efectiva ante cada incidente.
Con esta iniciativa, la Provincia refuerza una política de tolerancia cero frente a las falsas amenazas y apunta a promover la responsabilidad individual, al tiempo que resguarda recursos clave para la seguridad pública y el desarrollo normal de la vida escolar.
Fuente: Cadena3
