Los titulares de la prensa local en Concordia componen una melodía macabra que ya no sorprende, pero que debería indignar hasta la médula. El INDEC, con la frialdad de sus números, ha certificado lo que cualquiera que camine por los barrios de la ciudad sabe: Concordia sigue siendo la capital nacional de la pobreza, con un 49,9% de sus habitantes sumergidos bajo esa línea. Son más de 83.000 concordienses, hombres, mujeres y niños, cuyo destino parece sellado por la falta de oportunidades. Aunque se hable de una baja interanual, el dato es demoledor: la mitad de la ciudad no cubre sus necesidades básicas.
Ante este escenario de emergencia humanitaria, la respuesta política parece un chiste de mal gusto. Por un lado, el Gobierno Nacional, a través de un decreto firmado por Eduardo Menem, se digna a “ceder bienes de rezago aduanero” a la Municipalidad. Es decir, Concordia recibe las sobras, lo que quedó olvidado en los galpones de la Aduana, como si la solución a una pobreza estructural del 50% fuera un reparto de mercancías incautadas. Esta “ayuda” no es más que un parche asistencialista que subraya la falta de un plan federal serio para el desarrollo de la región.
Por otro lado, la gestión municipal del intendente Francisco Azcué intenta mostrar iniciativa con la designación de una nueva coordinadora para la atención de personas en situación de calle, un cargo creado dentro de la estructura de Desarrollo Humano. Si bien la atención a los más vulnerables es urgente, la creación de una nueva figura burocrática suena a poco, a una respuesta espasmódica ante la presión de los datos y la realidad visible en las veredas de la ciudad. Se anuncia como una “función clave”, pero la ciudadanía se pregunta: ¿Es una nueva coordinación la solución de fondo o simplemente más gasto político para gestionar la miseria?
Y en medio de este naufragio, la pregunta que surge con fuerza es: ¿Qué hace el Concejo Deliberante de Concordia? ¿Dónde están sus concejales?
La sensación generalizada es que la inoperancia es total. El cuerpo legislativo parece vivir en una burbuja, disociado por completo de la realidad que asfixia a la ciudad. Mientras la mitad de Concordia no tiene para comer, los concejales parecen estar anestesiados, limitándose a sesiones protocolares, declaraciones de interés y debates estériles que no tocan ni de cerca los problemas estructurales. No se percibe una conciencia real de la gravedad de la situación. No hay propuestas legislativas de fondo para fomentar el empleo genuino, para atraer inversiones, para mejorar la infraestructura básica en los barrios olvidados.
La inoperancia del Concejo Deliberante no es solo falta de acción, es una falta de empatía y de responsabilidad política. Sus integrantes, elegidos para representar al pueblo, parecen haber olvidado su mandato principal: legislar para mejorar la vida de los concordienses. En una ciudad en emergencia, el silencio y la pasividad del cuerpo legislativo son cómplices de la perpetuación de la pobreza. Concordia no necesita más coordinadoras ni rezagos de aduana; necesita una clase política con conciencia de la realidad, dispuesta a arremangarse y a legislar con urgencia para sacar a la ciudad del pozo en el que se encuentra.
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