Concordia: el Gobierno provincial ratificó sanciones a trabajadoras del Hospital Masvernat

El Gobierno de Entre Ríos rechazó dos recursos administrativos presentados por empleadas del Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia y confirmó decisiones previas relacionadas con una cesantía y un reclamo salarial.

En uno de los casos, una exagente cuestionó la validez del proceso por la demora en el expediente, que se extendió por más de tres años. Sin embargo, el Ejecutivo provincial consideró que los plazos son de carácter ordenatorio y no implican la pérdida de la facultad sancionatoria. Si bien se reconoció la demora, se determinó que no afectó el derecho de defensa ni la legalidad del procedimiento.

Además, se destacó la gravedad de las faltas, ya que se trató de inasistencias reiteradas en un servicio esencial como la salud pública, lo que impactó en la continuidad del servicio y generó sobrecarga en el personal.

Las medidas fueron oficializadas este jueves mediante decretos publicados en el Boletín Oficial. A través del decreto Nº 778/2026, se rechazó el recurso de la enfermera Adela Luisa Banchero y se ratificó su cesantía, dispuesta en 2024 tras comprobarse 34 inasistencias injustificadas registradas en 2016.

En otro caso, mediante el decreto Nº 783/2026, se rechazó el planteo de la trabajadora Viviana Monserrat Montenegro, quien reclamaba el pago retroactivo por funciones como subjefa de Pediatría entre 2018 y 2022. El Ejecutivo consideró que el reclamo estaba prescripto, ya que no hubo gestiones que interrumpieran los plazos legales desde su presentación inicial en 2018 hasta su reactivación en 2024.

Según el análisis oficial, el período reclamado ya había caducado y no existían elementos que justificaran el reconocimiento económico solicitado.

Ambas resoluciones llevan la firma del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Salud Daniel Blanzaco, y reflejan los criterios adoptados por la administración provincial en materia de disciplina laboral y procedimientos administrativos dentro del sector público.
FUENTE EL ONCE