Comenzó el juicio contra un alto jefe policial y un empresario de Manaos por corrupción y tráfico de influencias
Este jueves, el tribunal compuesto por los jueces Pablo Garrera, Clara Mondragón y Maximiliano Larocca Rees dio inicio al juicio oral y público contra Guillermo Martín Ocampo, exjefe de la División Investigaciones de la Policía de Concordia, y Federico Claudio Barrios, empresario de la distribuidora de Manaos.
Ambos están imputados por diversos delitos, entre ellos cohecho, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, tenencia de arma de fuego de uso civil y amenazas calificadas.
El empresario Barrios cuenta con la defensa de los abogados Pablo Moyano y Brenda Vittori, mientras que Ocampo es representado por el Dr. Eduardo Gerard. Por su parte, la fiscalía está a cargo de José Arias y Daniela Montangie.
Ocampo y su enojo con la prensa
Durante la primera audiencia, Ocampo manifestó su molestia por la publicación de detalles de la acusación en su contra en diciembre de 2021 por el diario El Entre Ríos. Cabe recordar que, al tratarse de un funcionario público, sus acciones bajo el uniforme policial son de carácter público y están sujetas al escrutinio ciudadano.
La investigación inicial, realizada por el Ministerio Público Fiscal, reveló que Barrios presuntamente realizaba pagos ilegales a Ocampo durante al menos tres años, al margen del sistema oficial de adicionales que regula la contratación de servicios policiales por parte de privados.
Favores y maniobras irregulares
Entre los hechos imputados, se señala que Ocampo habría utilizado su cargo para beneficiar a Barrios, ordenando a su personal la emisión de certificados de buena conducta para determinadas personas y realizando una “verificación a domicilio” de un camión de la distribuidora Manaos.
Asimismo, la fiscalía sostiene que Ocampo habría ordenado a policías identificar sin justificación al conductor de un automóvil por pedido del empresario. También se lo acusa de haber intervenido ante el área de Tránsito de Concordia para que le devolvieran una moto a un allegado de Barrios, pese a que el vehículo había sido secuestrado en un operativo de control.
Otro de los cargos que enfrenta Ocampo es haber retirado personal de una investigación por el homicidio de Raúl Alberto Molina en Estancia Grande, para asignarlo irregularmente a tareas de seguridad en la distribuidora Manaos, sin la contratación formal a través del sistema de adicionales.
Por su parte, Barrios, acusado de cohecho activo, ha experimentado un notable crecimiento empresarial en Concordia, no solo por sus ventas, sino también por su vínculo con el Estado, reflejado en el sponsoreo de eventos municipales en la región.
Un operativo en beneficio de Barrios
Uno de los episodios más llamativos, revelado en julio de 2022 por Diario Uno, involucra un presunto abuso de poder por parte de Ocampo para favorecer a Barrios en una disputa comercial.
Según la investigación, Barrios pretendía monopolizar la distribución de Manaos en Concordia y la región de Salto Grande. Un comerciante se resistía a comprarle exclusivamente a él y prefería adquirir las gaseosas en otros puntos de venta. Ante esto, el empresario lo habría amenazado e incluso intentado incendiar su casa.
En una ocasión, cuando el comerciante viajó a Villaguay a comprar mercadería, Barrios lo siguió y lo interceptó en su regreso. Luego, se comunicó con Ocampo, quien movilizó un operativo policial con el pretexto de que la carga no estaba en regla. La policía caminera detuvo el vehículo del comerciante, quien denunció estar siendo amenazado y justificó la legalidad de su mercadería.
El hecho quedó documentado en actas policiales y en el libro de guardia, donde se registró el llamado de Ocampo ordenando el operativo.
Avance del juicio y posibles condenas
El 9 de diciembre del año pasado, la fiscalía ordenó allanamientos que permitieron desbaratar la presunta red de corrupción. Con nuevas pruebas recolectadas, el caso avanzó y se formalizó la imputación contra Ocampo y Barrios por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, cohecho y tráfico de influencias.
Ocampo, quien llegó a la Policía de Concordia en 2013, actualmente se encuentra en situación pasiva dentro de la fuerza de seguridad provincial. En caso de ser condenado, podría ser exonerado de manera definitiva.
El juicio continuará este viernes, y al finalizar el debate, el tribunal deberá decidir si ambos acusados son condenados o absueltos.
Fuente: El Entre Ríos
