Cayó una red de abogados “caranchos” y buscan a tres prófugos con alerta de Interpol

La justicia de Morón avanza contra una organización acusada de estafar a aseguradoras mediante siniestros viales fraguados, y ahora la causa dio un giro internacional: Interpol busca a tres prófugos con alerta roja. Se trata de los abogados Matías Rodrigo Giovanelli y Reynaldo Antonio Falcone, y de Micaela Carla Palmisano, señalada como pieza clave en la operatoria financiera.
La investigación se inició tras una denuncia de la compañía Federación Patronal, que detectó irregularidades en una indemnización abonada el 21 de marzo de 2024. La firma constató que el poder presentado tenía una firma y sello falsificados de una escribana, quien luego confirmó que le habían robado el sello años atrás.

El pasado viernes se realizaron 23 allanamientos simultáneos en domicilios de Capital Federal, el conurbano bonaerense y otras localidades. Cuatro personas fueron detenidas: dos abogados, una médica que confeccionaba certificados truchos y un falso denunciante. Todos se negaron a declarar ante los fiscales Marisa Monti y Claudio Oviedo, de la UFI Nº 5 de Morón.
Las pruebas recolectadas son contundentes: el “estudio jurídico” no existía (funciona una ferretería), y el supuesto taller de motos era un kiosco. También había domicilios de víctimas que resultaron ser terrenos baldíos.
Hasta el momento hay 22 personas implicadas en la causa, y no se descarta la ampliación por asociación ilícita. Otras aseguradoras evalúan sumarse con denuncias similares. La modalidad recuerda el caso de Hugo César Schiber, abogado condenado a 18 años por liderar una red que simulaba accidentes mediante lesiones reales.
Los prófugos continúan siendo intensamente buscados por fuerzas federales, mientras se define si los detenidos recuperan la libertad durante el proceso. La cuenta de Instagram “Tu Abogado Responde”, vinculada a uno de los acusados, fue parcialmente borrada durante el fin de semana, pero sigue activa.

Una trama de fraudes millonarios que expone cómo el abuso del sistema judicial y médico puede convertirse en negocio delictivo. FUENTE PRIMER PLANO ONLINE