Cambios radicales en el mercado inmobiliario: Derogación de la Ley de Alquileres mediante DNU
En un anuncio que ha sacudido los cimientos del mercado inmobiliario, el presidente Javier Milei reveló una serie de medidas incluidas en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), destacando entre ellas la derogación de la Ley de Alquileres N° 27.551. En su discurso, el mandatario argumentó que esta decisión tiene como objetivo restaurar el funcionamiento del mercado inmobiliario y poner fin a las complicaciones que, según él, la legislación anterior había generado.
En el texto oficial del DNU, se expresa de manera contundente la necesidad de eliminar la denominada “nefasta Ley de Alquileres”. Además, se detallan disposiciones relacionadas con la moneda de pago y los mecanismos de actualización de los alquileres. El documento establece que los contratos podrán pactarse en moneda de curso legal o extranjera, otorgando libertad a las partes involucradas. Se destaca que el locatario no podrá imponer el pago en una moneda distinta a la acordada en el contrato.
En cuanto a la actualización de los valores de alquiler, el DNU permite que las partes acuerden ajustes utilizando cualquier índice, ya sea público o privado, expresado en la misma moneda del contrato. En caso de que el índice seleccionado deje de publicarse, se recurrirá a un índice oficial con características similares, emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en el caso de moneda nacional.
Surge la incógnita sobre el destino de los contratos vigentes bajo la antigua Ley de Alquileres. Según las declaraciones del presidente Milei, los acuerdos en curso deben ser respetados hasta su fecha de vencimiento, aplicándose todos los términos y condiciones hasta ese momento. Solo en casos excepcionales, especificados en el contrato, podrían surgir modificaciones.
La postura del mandatario no resulta sorpresiva, ya que durante la campaña expresó su opinión de eliminar la Ley de Alquileres, argumentando que no se necesitaba una nueva normativa y que interferir en contratos privados afectaría el derecho de propiedad, perjudicando a los más vulnerables con propiedades de menor calidad y a precios más elevados.
En conclusión, la derogación de la Ley de Alquileres marca un cambio significativo en el panorama inmobiliario, planteando desafíos y oportunidades para propietarios e inquilinos, quienes deberán adaptarse a un nuevo marco normativo.
