El defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, manifestó su rechazo a la modificación de la Ley Penal Juvenil propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en el Congreso. El funcionario fundamentó su postura con argumentos estadísticos y legales, sosteniendo que no es conveniente avanzar con una reforma que contemple la baja de la edad de punibilidad y el endurecimiento de las penas.
“La baja de la edad es inútil, innecesaria y perjudicial. Además, es inconstitucional”, afirmó Benítez, advirtiendo que la iniciativa contradice tratados internacionales con rango constitucional que obligan al Estado a brindar protección especial a niños, niñas y adolescentes.
El defensor recordó que no es la primera vez que se intenta reducir la edad de punibilidad en Argentina y subrayó que históricamente el país ha seguido las recomendaciones de organismos internacionales especializados en derechos de la niñez. En este sentido, mencionó al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que propone actualizar la Ley 22.278 —vigente desde la última dictadura—, pero advierte que cualquier reforma no debe implicar ni el aumento de penas ni la disminución de la edad de responsabilidad penal. “Son precisamente esas dos cuestiones las que pretende introducir este proyecto”, señaló.
Benítez enfatizó que cualquier cambio legislativo debe ajustarse a los estándares internacionales y respetar el principio de protección integral de los derechos de los niños y adolescentes.
Datos estadísticos y comparación regional
En su exposición, el defensor general también se apoyó en estadísticas para sustentar su postura. Indicó que la participación de menores en la comisión de delitos es “estadísticamente mínima” y que los índices de criminalidad en el país vienen descendiendo desde hace años. Recordó que entre 2001 y 2002 la tasa de homicidios rondaba los 9 o 10 cada 100.000 habitantes, mientras que actualmente se sitúa en 3,7. En Entre Ríos, la tasa es aún menor: 2,33 homicidios cada 100.000 habitantes.
“Es ínfimo el número de delitos cometidos por menores de 18 años y aún más bajo entre los menores de 16”, afirmó.
El defensor comparó la situación con países de la región que tienen edades de punibilidad más bajas, como Paraguay, Uruguay y Brasil. Señaló que esos países presentan tasas de homicidios superiores a las de Argentina y que la disminución de la edad no ha reducido la participación juvenil en delitos. Por ejemplo, Uruguay, con edad de punibilidad de 13 años, registra más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes; Brasil y México, con 12 años, presentan tasas de 23 y 22, respectivamente; y Paraguay, con 14 años, alcanza 6,2. “Estos casos demuestran que la privación de libertad solo profundiza la violencia”, afirmó.
Alternativas al encierro
Para Benítez, la respuesta del Estado no debe centrarse en el Derecho Penal, sino en la prevención y en el abordaje de las causas sociales que generan los conflictos con la ley. “Que una persona sea no punible no significa que se quede en casa y no pase nada. El Estado debe intervenir, pero no desde el Derecho Penal”, explicó.
En casos vinculados al consumo problemático de sustancias, señaló que la respuesta adecuada es un tratamiento específico y no el encarcelamiento. Además, alertó sobre la crisis carcelaria en el país y advirtió que incluir a niños y adolescentes en el sistema penitenciario agravaría la situación.
Desarrollo adolescente y antecedentes judiciales
Benítez recordó que estudios científicos demuestran que el lóbulo frontal —relacionado con el autocontrol, la toma de decisiones y la anticipación de consecuencias— no alcanza su desarrollo completo hasta alrededor de los 20 años. Esta evidencia ha sido considerada tanto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como por la Corte de Estados Unidos en fallos emblemáticos como Roper, Miller y Graham.
“Los niños están en una etapa de desarrollo. Si los ponemos en la cárcel, solo lograremos mayor violencia, reincidencia y obstaculizaremos su resocialización y desarrollo sano”, advirtió.
Con más de 30 años de trayectoria como defensor público, Benítez recordó experiencias en unidades de detención juvenil, señalando que el encierro temprano suele derivar en trayectorias de mayor conflictividad y exclusión.
La discusión sobre la reforma de la Ley Penal Juvenil continúa en el Congreso nacional, en medio de un debate que combina argumentos jurídicos, estadísticas de criminalidad y diferentes miradas sobre el rol del Estado frente a los jóvenes en conflicto con la ley penal.
Fuente: Paralelo32
