El Senado de la Nación convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, que fija en 14 años la edad mínima de imputabilidad en la Argentina. La iniciativa fue aprobada con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, y redefine el abordaje judicial de adolescentes de entre 14 y 18 años.
La norma crea un sistema penal juvenil especializado, con el objetivo de garantizar procesos adecuados a la edad de los jóvenes y el pleno respeto de las garantías constitucionales. Además, establece la presunción favorable a la minoría de edad y prohíbe que menores de 18 años compartan ámbitos judiciales o de detención con adultos.
Principios y garantías
El nuevo régimen incorpora los principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad en la aplicación de la privación de la libertad. La ley prioriza la resocialización y garantiza defensa técnica desde el inicio del proceso, intervención judicial ágil y el derecho del adolescente a ser escuchado.
Las causas deberán tramitarse en órganos especializados, con participación activa de la familia. También se otorga un rol central a las víctimas, quienes tendrán derecho a asistencia jurídica y psicológica inmediata, a intervenir en audiencias y a participar en instancias restaurativas como la mediación penal juvenil.
Sanciones y límites
El sistema prevé un esquema progresivo de sanciones. Para delitos con penas de hasta tres años, o hasta diez años cuando no haya mediado violencia grave ni resultado muerte, se priorizarán medidas alternativas como tareas comunitarias, monitoreo electrónico o prohibiciones de contacto.
La privación de la libertad quedará reservada para delitos graves como homicidio, abuso sexual, secuestro o robo con violencia. La ley prohíbe expresamente la prisión perpetua para menores y fija un máximo de 15 años de condena, aun cuando la escala penal del delito sea mayor. Además, al cumplir dos tercios de la pena, el tribunal podrá evaluar la sustitución por medidas alternativas.
Ejecución y condiciones
Se incorpora la figura del supervisor judicial especializado, encargado de seguir el proceso de reinserción del adolescente durante el cumplimiento de la sanción.
La normativa establece estándares específicos de alojamiento: prohíbe la convivencia con adultos, garantiza acceso a educación, cultura, recreación y asistencia espiritual, y dispone la capacitación obligatoria del personal. También prevé la diferenciación por edad y situación procesal dentro de los centros.
En los casos de menores inimputables, se contempla la intervención judicial para investigar los hechos y aplicar medidas de carácter curativo o protector en el ámbito de la justicia civil.
Presupuesto
Para la implementación del nuevo sistema, se asignó un presupuesto de 23.739 millones de pesos, de los cuales más de 20.000 millones estarán destinados a la Defensoría General de la Nación.
