El Gobierno nacional oficializó modificaciones en los trámites vinculados al control para la adquisición de armas, con el objetivo de simplificar procesos y reducir la burocracia.
La medida fue publicada el 17 de abril en el Boletín Oficial y lleva la firma de Juan Pablo Allan, titular del Registro Nacional de Armas. Según se explicó, el requisito eliminado generaba demoras, superposición de controles y diferencias entre jurisdicciones.
El principal cambio es la eliminación de la obligación de presentar habilitaciones municipales para avanzar con distintos trámites ante el organismo. A partir de ahora, los usuarios deberán contar únicamente con la certificación de la autoridad jurisdiccional competente, lo que reduce la documentación exigida y busca agilizar los procedimientos.
La resolución impacta en gestiones como inscripciones, renovaciones, reaperturas y cambios de domicilio, con la intención de unificar criterios en todo el país y acortar tiempos administrativos. La medida se enmarca en el proceso de desregulación impulsado por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
El alcance incluye actividades bajo control del organismo, como fábricas, depósitos, almacenamiento de nitrato de amonio, agencias de seguridad privada, transporte de caudales y entidades financieras. En estos casos, ya no será necesario presentar constancias municipales para realizar trámites ante el Registro.
Desde el organismo aclararon que la eliminación de este requisito no implica la eliminación de controles. Las normativas locales continúan vigentes y cada jurisdicción mantiene la responsabilidad de fiscalizar las condiciones de funcionamiento.
La medida también deja sin efecto disposiciones previas que exigían esta documentación y forma parte de una serie de cambios orientados a hacer más ágil el sistema administrativo sin modificar los estándares de control técnico y de seguridad.
