En medio de una profunda recesión económica, la Agencia de Recaudación del Gobierno Nacional (ARCA) avanza con una política que genera fuerte preocupación en el sector empresario: demandas judiciales y embargos contra las pequeñas y medianas empresas por deudas impositivas con apenas 15 días de mora.
Referentes de cámaras empresarias y estudios contables señalan que la rapidez del procedimiento resulta inédita y asfixiante para las Pymes, que son las más vulnerables frente a los problemas de liquidez y la caída del consumo. La medida no solo implica el inicio inmediato de procesos judiciales, sino que además suma honorarios de abogados del organismo e intereses punitorios, lo que multiplica la deuda original y agrava la situación financiera.
“Estamos frente a un esquema que castiga la mínima demora sin contemplar el contexto económico ni la realidad de las Pymes. En lugar de alentar la producción, se genera una espiral de deuda y litigios”, advirtió un representante del sector productivo.
Una vez notificada la demanda, el contribuyente cuenta con apenas cinco días hábiles para regularizar la situación mediante el pago o un plan de facilidades —que no siempre está disponible—. Vencido ese plazo, se ejecuta de inmediato el embargo sobre las cuentas bancarias y virtuales de la empresa, afectando de lleno su operatoria diaria.
Desde las entidades empresarias alertan que este mecanismo de cobro acelerado puede tener un impacto devastador sobre el entramado productivo nacional, con riesgo de cierres, pérdida de empleos y mayor parálisis en la actividad económica.
Mientras tanto, el Gobierno Nacional sostiene esta política como parte central de su estrategia fiscal, pese al creciente malestar por el endurecimiento de la presión tributaria en plena recesión.
