La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectó irregularidades financieras y estructurales en Malte SRL, una empresa que blanqueó activos por 1,4 millones de dólares y que mantiene vínculos con el entorno de Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Según el informe oficial, la firma fue catalogada como una “usina sin capacidad operativa económica y/o financiera”, lo que la ubica en el centro de una investigación penal que involucra a miembros de la conducción de la AFA, entre ellos su presidente Claudio Tapia y el propio Toviggino. La causa apunta a presuntas maniobras de evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y utilización de sociedades fantasma.
De acuerdo con la documentación analizada por ARCA, Malte SRL presenta características típicas de una empresa pantalla. El reporte indica que la compañía carece de capacidad económica real para justificar el volumen de sus movimientos patrimoniales y comerciales, además de mostrar reiteradas inconsistencias en su actividad.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran cambios frecuentes de domicilio fiscal, la inclusión de múltiples objetos sociales sin relación entre sí y transferencias reiteradas de vehículos de alta gama, maquinaria e inmuebles con escasa trazabilidad documental.
El análisis también incluyó el seguimiento de operaciones electrónicas y facturación entre empresas vinculadas por conceptos que no guardan relación con la actividad formal declarada por la firma. Según el expediente, Malte SRL registró una estructura laboral atípica: contaba con un solo empleado declarado durante todos los períodos analizados, domiciliado en Buenos Aires, mientras que la empresa fijó sedes impositivas en Santiago del Estero.
Además, se detectó que las direcciones IP utilizadas para emitir comprobantes fiscales coincidían con las de otras firmas relacionadas, entre ellas Carbello SRL, Servicios Lindor SA y Soma SRL.
El informe también advierte que la empresa no actuó como agente de retención en ejercicios con volúmenes de compra significativos —como en 2020, 2021, 2024 y 2025—, una situación incompatible con su nivel de facturación. Asimismo, se registraron servicios facturados por la escribana Gilda Milani, que vinculan a la sociedad con Luciano Pantano, otro actor mencionado en la investigación.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el blanqueo de bienes por 1,4 millones de dólares realizado bajo el régimen de la Ley 27.743 de sinceramiento fiscal. Según el informe, la empresa registró operaciones de gran volumen con la AFA sin contar con respaldo patrimonial ni personal operativo acorde a los montos involucrados.
La causa judicial
Estas revelaciones se producen mientras la Justicia avanza sobre la dirigencia de la AFA. El juez federal Diego Amarante citó a indagatoria a Claudio Tapia, Pablo Toviggino y a otros miembros de la comisión directiva, además de dictarles la prohibición de salir del país.
La causa investiga una presunta apropiación indebida de aportes impositivos y de la seguridad social por más de 19.300 millones de pesos. Según la denuncia, la AFA habría retenido esos fondos sin depositarlos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
El expediente se apoya en pruebas documentales y testimonios internos de la propia entidad. Entre ellos se encuentran las declaraciones de la gerente de Control y Administración, Mónica Bouvet, quien describió un esquema en el que las transferencias dependían exclusivamente de la autorización del tesorero. Los balances oficiales, en tanto, llevaban la firma conjunta de Tapia, Toviggino y el secretario general.
La investigación también menciona presuntas maniobras de desvío de fondos mediante empresas pantalla en el exterior y sociedades radicadas en paraísos fiscales. Entre 2021 y 2025, la AFA habría canalizado más de 300 millones de dólares fuera del circuito bancario argentino mediante intermediarios y firmas offshore como TourProdEnter LLC y Global FC LLC, operaciones que actualmente se analizan por posible lavado de activos y administración fraudulenta.
En el caso específico de Malte SRL, el organismo fiscal concluyó que se trataría de una sociedad de fachada creada para simular operaciones y facilitar maniobras de evasión. Su inclusión en la base e-Apoc como “usina sin capacidad operativa” implica que no puede justificar los flujos de fondos y bienes declarados ante el fisco.
El avance de la causa mantiene bajo estricta vigilancia judicial a la conducción de la AFA. En ese marco, el juez Amarante ordenó diversas medidas restrictivas y convocó a declarar a los principales directivos, al considerar la gravedad de los hechos investigados y la posible pena prevista en la legislación penal tributaria.
La defensa de la AFA intentó cerrar el expediente alegando falta de acción, pero la Justicia rechazó ese planteo y confirmó la continuidad de la investigación.
