Ajuste en el Banco Santander: 1.200 despidos, cierre de sucursales y protestas en todo el país
La Bancaria realiza medidas de fuerza a nivel nacional en repudio a los despidos masivos en el Banco Santander, que ya dejó sin trabajo a más de 1.200 empleados en todo el país. En Comodoro Rivadavia, la sucursal local se convirtió en uno de los focos del reclamo, tras confirmarse que al menos cinco trabajadores fueron despedidos.
Desde el gremio advierten que los despidos forman parte de un proceso de reconversión interna impulsado por la digitalización del sistema bancario, que no solo elimina puestos operativos tradicionales sino que también deteriora la atención presencial, especialmente para personas mayores que necesitan asesoramiento personalizado.
El secretario de Organización de La Bancaria, Gonzalo Martínez, expresó su preocupación por el impacto social que genera esta política de ajustes en una ciudad que ya atraviesa una difícil situación laboral: “Estos chicos que hoy se quedan en la calle no tienen la posibilidad de reincorporarse enseguida. Todos tienen compromisos económicos, y el mercado laboral está muy complicado”, señaló.
La protesta en la ciudad incluye asambleas internas y batucadas frente a la sucursal, sin interrumpir la atención al público. El sindicato insiste en la necesidad de reconvertir los puestos eliminados hacia funciones de atención y asesoramiento al cliente, en lugar de seguir avanzando con despidos.
A nivel nacional, La Bancaria denunció presiones sobre los trabajadores para aceptar desvinculaciones forzadas, el envío de telegramas sin previo aviso y una política de “ajuste salvaje” que responde, según el gremio, a decisiones de la casa matriz en España. “Pese a la conciliación obligatoria, solo se ofrecieron arreglos económicos, sin contemplar la reincorporación”, explicó Martínez.
Finalmente, advirtieron que el proceso de cierre de sucursales y reducción de personal pone en riesgo la calidad del servicio bancario, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. El gremio exige que la empresa revise su estrategia para evitar una crisis mayor en el sistema financiero y garantizar el derecho al trabajo.
